El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, detalló que la intervención gira en torno a dos ejes: la revisión de las causales que motivaron la medida y la fiscalización administrativa.
Denunció que más de G. 42.000 millones se utilizaron de gastos de capital a gastos corrientes, contradiciendo la legislación vigente y el uso específico de los fondos. “Esto ya representa una irregularidad por sí sola”, afirmó.
Además, reveló que el equipo interventor está identificando rendiciones duplicadas, órdenes de pago repetidas y facturas clonadas, lo que pone bajo sospecha una parte considerable del presupuesto municipal.
Contrataciones bajo la lupa y obras con nulo avance
Otros hallazgos se refieren a la adjudicación acelerada de obras para la remodelación de cinco plazas, que incluyeron anticipos por G. 4.000 millones.
La visita in situ de la intervención encontró apenas “vallas perimetrales” y ninguna obra significativa, pese a que los trabajos debieron haber comenzado el 18 de junio. “No se justifica el monto desembolsado. No hay avance que respalde ese pago”, subrayó el interventor.
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Asimismo, refirió que ninguna de las obras contaba con el libro de obras obligatorio y exigió desde entonces el foliado y seguimiento de los documentos, por ser una herramienta clave para la trazabilidad de las inversiones.
Combustibles: consumo sospechoso y firmas ajenas
Igualmente, se comentó sobre el hallazgo del uso irregular de combustibles, donde las cifras no cuadran. “Estamos hablando de cargas de G. 800.000 para recorridos de 51 kilómetros”, dijo Ramírez.
También, aparecieron tickets firmados por personas ajenas al plantel municipal y combustible cargado fuera del horario laboral. Frente a esto, el equipo interventor está reordenando el sistema, centralizando las cargas en direcciones operativas como Tránsito y Servicios Municipales.
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Ramírez encontró el uso indiscriminado de fondos rotatorios (cajas chicas) en 22 dependencias, cuando solo la Dirección de Administración y Finanzas está autorizada a utilizarlos en situaciones urgentes.
“En un 95% en gastos gastronómicos”, afirmó y aseguró que desde que asumieron la intervención, ese uso fue suspendido.
Ocultamiento y resistencia interna
El interventor insistió sobre el ocultamiento documental. Tras solicitar legajos, las dependencias primero aseguran no tenerlos y luego “milagrosamente” los encuentran. Esta conducta reiterada, advirtió Ramírez, puede derivar en denuncias judiciales por obstrucción y ocultamiento de documentos públicos. “No vamos a entrar en el juego del gato y el ratón. Vamos a tomar medidas. Estas prácticas pueden constituir delitos”, advirtió.
Pese al caos detectado, el interventor reafirmó que el informe final será presentado dentro del plazo legal de 60 días. “No vamos a responder a quienes dicen que no encontramos nada. Estamos hallando hechos graves y documentándolos con responsabilidad”, aseguró.
Entre los datos que se siguen auditando figura el destino de G. 42.035 millones y la transferencia de más de G. 1.000 millones al Catastro Nacional, que se habría realizado con retraso. “Vamos a seguirle el paso a cada guaraní. Cada peso malgastado o desviado va a ser explicado. Vamos a llegar al fondo”, concluyó Ramírez.
