Yolanda Paredes, la senadora electa que actualmente ejerce como abogada de su esposo, el ex presidenciable Paraguayo Cubas, presentó este miércoles en mesa de entrada de la Cámara de Diputados un documento por el cual pide el juicio político a los ministros que integran la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Se trata de Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Dejesús Ramírez Candia, quienes supuestamente no corrieron traslado o no respondieron al pedido de hábeas corpus reparador para Cubas que planteó Paredes.
De acuerdo con lo que detalló la futura senadora, el pedido para la garantía de su defendido se realizó el pasado 19 de mayo y, pese a que la ley establece que se debe correr traslado en las 24 horas siguientes, los magistrados no se pronunciaron ni a favor ni en contra hasta el momento.
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Sostuvo que el procedimiento establecido es que, en ese lapso, el detenido inclusive debe hacer acto de presencia ante los ministros, y cuestionó que esto tampoco se dio.
La abogada señaló que el pedido se fundamentó en el hecho de que, para ellos, ningún juez todavía no participó en la orden de prisión de Cubas y no se ha admitido la imputación, como lo establecen tanto el Código Procesal Penal como la Constitución Nacional.
“Es lo que corresponde hacer con los ministros de la Corte porque no tenemos en su caso ninguna autoridad superior. Recuerden que el hábeas corpus es un procedimiento sumarísimo, pero tras seis días de haber presentado, no han accedido a ninguna respuesta. Basados en nuestros derechos fundamentales y constitucionales estamos presentando este pedido. No se cumplió absolutamente nada, están violando la Constitución”, justificó.
Desde inicios de mayo, Paraguayo Cubas se mantiene recluido en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, tras ser imputado por perturbación a la paz pública, ante su liderazgo en las manifestaciones que se desarrollaron tras las elecciones y donde se denunciaba un supuesto fraude electoral.
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Solo este último lunes, el juez de Garantías Julián López rechazó el pedido de anular el acta de la audiencia de imposición de medidas cautelares planteado por su defensa, que asegura que la prisión es ilegal, porque la audiencia de imposición de medidas supuestamente se llevó adelante sin que existiera una apertura formal del proceso.
Las movilizaciones se extendieron por casi 20 días y desataron una serie de incidentes, cierres de ruta sobre la avenida Eusebio Ayala y dejaron cientos de detenidos y procesados por disturbios. Finalmente, para el 17 de mayo, la Policía Nacional decidió usar la fuerza para despejar la zona y las manifestaciones se desactivaron.
