18 jun. 2026

Caso pagarés: “Hay todavía complicidad de los juzgados”

UHSUC20250826-042a,ph01_24844.jpg

Reunión. La comisión del Senado junto a defensores públicos que atienden a víctimas.

GENTILEZA

Para las autoridades del Ministerio de la Defensa Pública aún existen complicidad por parte de los actores de la Justicia paraguaya en la trama delictiva de estafa masiva conocida como la mafia de los pagarés.

“Las auditorías de la Corte y las propias situaciones que saltan en el día a día señalan de que hay todavía una suerte de complicidad, no sabemos si es en los juzgados o con los jueces o funcionarios, eso tiene que determinar la investigación penal”, señaló ayer Mauricio Morales, defensor público que encabeza el equipo de defensores que atienden a las víctimas de estafa con pagarés.

El abogado recalcó de que los casos continúan “llenos de vicios”, que ponen trabas, como son los casos que no se pueden acceder a los expedientes, y que dificulta la defensa de las víctimas, “y todo esto implica un abuso del sistema para poder ponerle a los compatriotas más vulnerables en situación económica apretada”.

Al respecto, el defensor general, Javier Esquivel, informó que los descuentos salariales se inician de manera sencilla, con una planilla de Excel y sin documentación respaldatoria. Sin embargo, suspender los descuentos compulsivos resultan un proceso complejo y dilatado. Además, destacó que la mayoría de los casos se concentran en Capital y Central, donde los defensores públicos enfrentan serios obstáculos, como la desaparición de expedientes en los juzgados, lo que dificulta aún más evitar la aplicación de descuentos sin los documentos necesarios.

Sobre los diferentes casos que afectan a miles de víctimas, el defensor general señaló que “hay avances, pero no en la velocidad que queremos. La mayor problemática es que no se encuentran los expedientes, solamente conocemos una planilla con una orden de descuento, pero no conocemos quién es el demandante, quién demando o dónde podamos hacer una representación”.

Ante esta situación, explicó que los defensores públicos solicitan una reconstitución del expediente, que “generalmente lleva un tiempo y no es muy rápido y mientras tanto se siguen descontando los salarios”.

Las autoridades de la Defensa Pública mantuvieron ayer una reunión con los miembros de la Comisión Especial del Senado, que investiga la trama delictiva de la mafia de los pagarés. En la ocasión, mencionaron que van a presentar un proyecto de ley que busca soluciones rápidas a las víctimas y mayor protección. También adelantaron que hoy, a las 11:30, tanto defensores públicos como senadores de la comisión se reunirán con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

Más contenido de esta sección
Cambios. En su primera DDJJ del 2026 aparece un crecimiento de G. 2 mil millones, y lo rectificó.
Niega. El funcionario detalló que los montos los adquirió legalmente siendo procurador delegado.
Dos ex juezas de Sentencia fueron acusadas por la Fiscalía por estar sindicadas de realizar favores políticos a cambio de ascensos y blindajes en investigaciones del JEM. Ambas aparecen en los chats del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes y fueron las que liberaron a Cachorrão, presunto asesino del periodista Leo Veras.
Alexandre Rodrigues Gomes fue acusado ante el juez de Pedro Juan Caballero, en el Amambay, por los fiscales Celso Morales, Christian Ortiz y Luis Said, por homicidio doloso tentado, resistencia y producción de riesgos comunes, a raíz de los disparos que realizó contra los policías durante el operativo donde falleció su padre, el diputado Eulalio Lalo Gomes.
La Sala Penal destrabó la causa contra el ex fiscal Hugo Volpe, condenado en juicio oral a 3 años de cárcel, por supuestamente frustrar la investigación contra el supuesto narcotraficante Sergio Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, al archivar una causa suya en el año 2019. Los ministros ratificaron a los camaristas que estudiarán los recursos contra la sentencia.
El juez Osmar Legal reiteró el oficio a la Cámara de Diputados con el que reiteró la comunicación de diciembre del 2023, que informa sobre la imputación en contra del diputado Esteban Samaniego, por supuestos hechos de administración en provecho propio y asociación criminal. En la misma causa también está procesada su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán.
En el juicio oral contra el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, el Tribunal de Sentencia recibió la extracción de datos de los teléfonos del condenado Lindomar Reges Furtado, aunque no existen comunicaciones con el procesado.