Ahora, la figura del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, está en el ojo de la tormenta, debido a que se vio vinculado en supuestas irregularidades que guardan relación con el acta bilateral sobre la compra de potencia de la Itaipú.
Tras las publicaciones periodísticas, a través de una misiva, pidió a la Cámara de Diputados la convocatoria de una sesión extraordinaria para brindar explicaciones al respecto.
Los parlamentarios ya habían aprobado, un par de horas antes, una sesión extra para debatir sobre la crisis, que sigue agravándose e involucrando a más autoridades. En este encuentro, fijado para las 13.00, incluyen la presencia del segundo del Ejecutivo.
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“Creo sumamente importante que la ciudadanía paraguaya, por medio de mi presencia en esta sesión extraordinaria, tenga conocimiento de mi actuar, dada la alta responsabilidad que conlleva el cargo con que me honrara el pueblo a quien me debo”, refirió en el escrito el vicepresidente.
Un joven abogado de nombre José Rodríguez se presentó como asesor de Velázquez y lo vincula con la intermediación para la venta de energía de la ANDE a una empresa brasileña, supuestamente, ligada al mandatario de ese país, Jair Bolsonaro.
El vicepresidente se defendió y aseguró que no incurrió en la negociación del acta bilateral. Además, refirió que Rodríguez no es su asesor.
Este último es hijo de María Epifanía González, quien tras el escándalo renunció a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Por su parte, Velázquez anunció que él mismo pedirá al Ministerio Público y al Congreso Nacional – a instancias de la Comisión Bicameral que se creó para investigar el acta bilateral de Itaipú- que se lleve adelante una pesquisa para determinar su responsabilidad en el tema.
El Gobierno de Mario Abdo soporta una gran crisis a raíz del acuerdo firmado entre Paraguay y Brasil sobre la contratación de potencia de la binacional.
Según los técnicos, se pactaron condiciones que generaban un sobrecosto de unos USD 250 millones para la ANDE y perjudican enormemente al país. Pero, los representantes del Gobierno alegaban que sí existe un beneficio, aunque no pudo precisar cuál es.
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Además, pese a que el acta se firmó el 24 de mayo, no se dio a conocer el contenido de la misma hasta dos meses después.
El caso salió a luz debido a la renuncia de Pedro Ferreira como titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y del gerente técnico de la empresa estatal, Fabián Cáceres.
A raíz de toda la crisis, el Congreso Nacional decidió crear una Comisión Bicameral para investigar el caso, mientras que el Gobierno decidió iniciar las gestiones para pedir al Brasil que se anule el acta y se vuelva a negociar. Asimismo, se investigará a los implicados a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción.
