Las senadoras Esperanza Martínez, de la oposición, y Lizarella Valiente, del oficialismo, hicieron referencia al caso de la niña madre fallecida en el Hospital General de Santa Rosa de Aguaray, del Departamento de San Pedro.
“Esta niña murió porque ganó el fanatismo a la ciencia”, fue el reclamo de Esperanza en medio de la sesión.
La adolescente había sido internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), días después de dar a luz, pero finalmente falleció.
Martínez responsabilizó al Estado y al sistema de salud por la muerte de la menor, víctima de un abuso.
Cuestionó a los médicos por no salvar la vida de la madre en riesgo inminente.
Les recordó que la ley garantiza la vida de la madre si existiera el peligro en embarazos de riesgo, y se refirió a la violencia obstétrica.
Sostuvo que la niña no tendría que haber muerto.
En contrapartida, Lizarella también hizo referencia al caso, alegando que “producto de esta tragedia, hoy vive una niña”, y que también “tiene derecho a la vida”.
Sostuvo que el aborto, en el caso de la niña de 13 años fallecida tras dar a luz, pudo haberse autorizado legalmente mediante una junta médica, según el Código Penal.
Reclamó la falta de acción oportuna y sostuvo que la bebé “tiene derecho a vivir” y que el Estado la protegerá.
“Podemos entrar en un debate profundo y necesario, pero es evidente que con una junta médica se pudo haber practicado este procedimiento de interrumpir el embarazo”, expresó la senadora.
Citó el artículo 109 del Código Penal, que establece que no se obra antijurídicamente si la muerte del feto se produce por arte médico para proteger la vida de la madre, y aclaró que esto se alinea con el artículo 4 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida desde la concepción.
“No podemos decir nomás ‘aborto legal’. Estos médicos estaban protegidos por la ley si se constituía la junta médica y tomaba la decisión”, remarcó la oficialista.
