08 ene. 2026

Caso Curuguaty: No descartan denunciar a fiscal Jalil Rachid

Familiares de los campesinos fallecidos y absueltos del caso Curuguaty no descartan presentar una denuncia contra el fiscal Jalil Rachid, quien llevó el proceso en representación del Ministerio Público.

familia de campesinos de curuguaty

Familiares de campesinos fallecidos y absueltos del caso Curuguaty.

Elías Cabral

Martina Paredes, familiar de dos labriegos fallecidos en la masacre de Curuguaty, lamentó la actuación del fiscal Jalil Rachid, quien al día siguiente del hecho desnudó a su hermano Luis Paredes, ya muerto, con el fin de registrarlo, según aseguró.

La mujer es hermana también de Fermín Paredes, otro de los campesinos que perdió la vida en el suceso. Dijo que luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara la condena, analizarán las acciones del agente, a quien le perdió la confianza.

Nota relacionada: Revocan sentencia de los 11 campesinos condenados

Sostuvo que desde el principio el representante del Ministerio Público hizo un mal trabajo, sobre todo, por no haber investigado la muerte de los campesinos y centrarse en el fallecimiento de los policías.

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“Ese fiscal nos debe mucho a nosotros como a los familiares de los policías, porque los uniformados solo fueron utilizados también y estoy segura que tampoco fueron indemnizados”, expresó Paredes.

Los familiares de los campesinos absueltos por la máxima instancia judicial marcharon hasta la capital, donde esperarán la liberación efectiva de los que aún están en la cárcel, que son cuatro. Dijeron que realizarán un gran festival en Marina Cué por este logro que consideran histórico.

Este jueves, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación presentado por la defensa y revocó la condena a los 11 campesinos sentenciados por el caso Curuguaty. Los cuatro hombres que siguen recluidos en Tacumbú recuperarán así su libertad.

La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.

Tras el tiroteo murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.

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