“Ahora celebramos, este es el tiempo de la celebración. Nos deja una lección importante, cuando hay voluntad, cuando hay gente que resiste, que se empeña, que no para hasta tener una respuesta. Es un ejemplo para los jóvenes”, expresó Durán.
La investigadora afirmó que la liberación de los campesinos es un logro contra todo pronóstico. Además, mencionó que al final de todo se pudo constatar que la investigación fue muy pobre y que no justificaba el hecho, refiere en una entrevista concedida a la página de Facebook Demoinfo.
Tres de los campesinos condenados por la Masacre de Curuguaty fueron liberados este viernes en cumplimiento de una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que hizo lugar al recurso de casación y revocó la condena.
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Se trata de Luis Olmedo Paredes, condenado a 20 años de prisión, y Néstor Castro, con 18 años, al igual que Arnaldo Quintana, quienes recuperaron su libertad luego de seis años de la masacre que se produjo en Curuguaty.
También fue afectado con la medida, el campesino Rubén Villalba, sobre quien pesaba la condena más alta por la masacre; sin embargo, él seguirá en prisión, mientras se definen los recursos que se tomarán por otra sentencia que afronta por invasión de inmuebles.
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La Sala Penal de la Corte decidió revocar la condena a estos labriegos por las causas de homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble.
En total, 11 campesinos fueron condenados por homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble.
Las otras personas condenadas y que ya se encuentran en libertad son Lucía Agüero, María Fani Olmedo y Dolores López, quienes fueron sentenciadas a seis años de prisión; Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez, Adalberto Castro y Felipe Benítez Balmori, que recibieron una condena de cuatro años.
Denuncia a jueces y fiscales
Por otro lado, el abogado José Alderete, quien defendió a los campesinos condenados, manifestó que los familiares de los fallecidos deben formular una demanda contra los fiscales y los jueces que intervinieron en el caso.
“Las viudas de los agentes policiales muertos tienen que hacer una demanda a los fiscales que intervinieron en el caso y a los jueces, porque han omitido su obligación de investigar correctamente. Los familiares tienen el derecho de saber quiénes mataron a sus maridos (...) y que sean castigados”, aseveró.
Indicó que sus representados también denunciarán a los magistrados por haber dictado sentencia a personas inocentes. “Tienen que ser sancionados –fiscales y jueces- y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debe destituirles”, concluyó.
El caso
La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.
Tras el tiroteo murieron 17 personas: 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.
