El problema de la bochornosa dependencia política partidaria de la Corte Suprema de Justicia se mantendrá mientras no se modifiquen los criterios que inspiran la conformación del cuerpo.
En cualquier otra democracia consolidada, como la estadounidense, por ejemplo, los magistrados representan una ideología específica (sea esta referida a la política, al ámbito social o a la forma de manejo de la Justicia), religión o descendencia étnica.
Así se busca un reflejo equilibrado de la propia sociedad, de forma tal que los grandes temas que se resolverán en el seno de la máxima instancia judicial sean tratados teniendo en cuenta los puntos de vista de todos los grupos integrantes de la comunidad.
En Paraguay, la Corte tiene una actitud de ambivalente respecto al poder político. Acá no hay ideologías ni debates conceptuales; acá hay simples intereses en disputa, que cambian de tanto en tanto y generan crisis institucionales como la que se está viviendo actualmente.
En democracias en serio, las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia sientan jurisprudencia y de esa forma sus decisiones sirven de orientación para que los órganos judiciales inferiores tengan una guía para la resolución de sus casos. Y eso se debe a que tienen autoridad moral, jurídica y política. Son sentencias que se respetan.
Por estos lares, la Corte suele sembrar dudas. El ciudadano común y muchos de los que deambulan diariamente por los pasillos del Palacio de Justicia, creen que detrás de varias resoluciones del cuerpo hay intereses creados y ninguno está relacionado con las necesidades de la sociedad, sino con las de los particulares que pueden sacar provecho de los tejemanejes jurídicos. Para ejercer justicia, la honorabilidad es tan importante como la probidad profesional. En Paraguay, muchos de los magistrados que estuvieron y algunos de los que están proyectan una larga sombra de sospechas. Si bien hay magistrados que dignifican el cuerpo, existen otros que convierten su cargo en una máquina de hacer dinero.
Como los parlamentarios están cómodos con ese sistema, dejan perversamente que se mantenga intacto, mientras no afecte sus intereses. Cuando los magistrados se ponen rebeldes, aflora la inquina legislativa y se buscan los recovecos legales para forzar la salida de los revoltosos. Dicho sea de paso, las dudas sobre la honorabilidad también salpican a los miembros del Poder Legislativo, algunos de los cuales son duchos en convertir su cargo en usinas de dinero sucio.
El tiempo dirá qué caminos toma esta nueva crisis y si de ella resulta algo positivo para la sociedad.
