El pasado 11 de enero el abogado Carlos Abadíe Pankow, defensor de Juan Arrom y Anuncio Martí, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome medidas de protección de los derechos de sus defendidos, ante el pedido de revocatoria del estatus de refugiados políticos en Brasil.
La solicitud de medidas provisionales fue ampliada para que incluyera también a Víctor Antonio Colmán y a la senadora Esperanza Martínez. Esto, a raíz de una supuesta “campaña de desinformación y confusión” liderada por el Estado paraguayo.
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Finalmente, la solicitud fue rechazada por la Corte IDH, el pasado miércoles, ante la falta de elementos que comprueben la existencia de una situación de “extrema gravedad y urgencia” que, a su vez, atente contra sus derechos.
“La Corte nota que estos residen en Brasil, donde se encuentran bajo la protección de ese Estado por su estatus de refugiados y, en consecuencia, estima que no es posible inferir que el mero hecho de que Paraguay haya solicitado a Brasil la revocatoria de su condición de refugiados implique, en sí mismo, una amenaza a sus derechos”, cita la resolución.
Asimismo, la Corte recordó las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana de DDHH, que lo condiciona a garantizar los derechos de ambos demandantes a través de los mecanismos internos existentes para ello.
Arrom y Martí denunciaron al Estado paraguayo por ser víctimas de supuestas torturas y desaparición forzada, en enero de 2002.
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El proceso actualmente se encuentra en instancia de la Corte IDH, que el jueves último realizó una audiencia pública por la causa.
Por su parte, Juan Arrom y Anuncio Martí, que piden ante la instancia internacional un monto de USD 50 millones cada uno como indemnización, están procesados por la Justicia paraguaya por el secuestro de María Edith Bordón, que ocurrió el 16 de noviembre de 2001.
Ambos se encuentran en carácter de refugiados políticos en el Brasil; sin embargo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, solicitó –en el mes de enero pasado– al Gobierno brasileño la revocatoria del estatus para que puedan ser extraditados.
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