Política

Nueva conformación de Conare puede poner fin al refugio de Arrom y Martí

Representantes del Gobierno de Bolsonaro son mayoría en el organismo que administra la situación de los refugiados en Brasil. Solamente las oenegés votarían a favor de los paraguayos.

La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil está presidida por un representante del Ministerio de Justicia, ejerce la vicepresidencia un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y está integrada también por representantes de los ministerios de Salud, de Educación, de Trabajo y Empleo, por la Policía Federal y por organizaciones no gubernamentales dedicadas a actividades de asistencia: el Instituto Migraciones y Derechos Humanos (IMDH) y las Cáritas Arquidiocesanas de Río de Janeiro y São Paulo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) también participa en las reuniones del órgano, pero sin derecho a voto. De esta manera, en principio, solamente los representantes de las organizaciones no gubernamentales podrían votar a favor de los fugitivos de la Justicia paraguaya.

Los nuevos integrantes del Conare responderían, casi todos, al Gobierno de Jair Bolsonaro, considerado enemigo de izquierdistas. En Brasil, actualmente, viven más de 8.800 refugiados de 79 nacionalidades diferentes.

El Gobierno de Paraguay, representado por el vicecanciller Hugo Saguier Caballero, presentó oficialmente a la República Federativa del Brasil el pedido de cancelación del estatus de refugiados de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.

La Cancillería brasileña debe remitir dicha solicitud a la Conare, organismo encargado de conceder, rechazar o, en este caso, cancelar una solicitud de refugio.

Este es el tercer pedido que presenta el Gobierno paraguayo. En las dos ocasiones anteriores fueron rechazados por la Conare.

En esta oportunidad, la presidencia de Mario Abdo Benítez se muestra optimista en que la respuesta de la comisión sea favorable, debido a la reciente asunción como presidente de Brasil de Jair Bolsonaro y teniendo en cuenta que la mayoría de los miembros de la Conare son representantes del Gobierno.

La legislación brasileña establece que puede solicitar refugio en Brasil el individuo que, debido al temor fundado de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social específico u opinión política, se encuentre fuera de su país de nacionalidad (o, en el caso de apátridas, de su país de residencia habitual) y no pueda o, debido a tal temor, no quiera volver a él.

Asimismo, reconoce a los refugiados el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a la movilidad en el territorio nacional, entre otros derechos, permitiendo así que reconstruyan sus vidas en Brasil.

Igualmente, la legislación brasileña señala que cuando la Conare otorgó el estatus de refugiado a cualquier persona del mundo, no se puede hacer trámite de extradición.

El reconocimiento de la condición de refugiado impedirá el seguimiento de cualquier pedido de extradición, con base en hechos que fundamentan la concesión del refugio.

EXTRADICIÓN. Sin embargo, si la Conare, en el caso Arrom, Martí y Colmán, decide cancelar el estatus de refugiados, inmediatamente se iniciará otro trámite para solicitar la extradición de los mismos, para que sean juzgados por la Justicia paraguaya, en la que están acusados de ser los responsables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. Este hecho ocurrió el 16 de noviembre de 2001. La mujer estuvo en cautiverio por 64 días y fue puesta en libertad tras un millonario pago por parte de sus familiares. Dicho plagio marcó el inicio de los secuestros en nuestro país y la aparición del grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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