“La Corte Interamericana de Derechos Humanos echó por tierra todos esos prejuicios que teníamos con relación a lo que podría acontecer o no (en la audiencia) (...) Esta es la prueba de que está trabajando como siempre lo ha hecho”, opinó el juez Penal de Garantías Pedro Mayor Martínez.
En contacto con radio Monumental 1080 AM, el magistrado resaltó la importancia de este último acontecimiento, en el marco de la demanda entablada por Juan Arrom y Anuncio Martí al Estado paraguayo.
“Hemos de reconocer que el trabajo que viene realizando la Corte IDH es en el contexto de la defensa de los derechos humanos, tanto para izquierda como para derecha. En síntesis, la Corte sigue demostrando su línea en cuanto a la defensa de los derechos humanos en cualquier tipo de gobierno”, puntualizó.
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En cuanto a la intervención de la defensa paraguaya, remontándose al tiempo en que sucedieron los hechos, sostuvo que aún no se abandonó la vieja línea autoritaria que tiene impacto directo en la Justicia.
En ese sentido, recomendó potenciar la unidad estratégica prevista en la Constitución Nacional de 1992. La misma, según dijo, está compuesta por el Ministerio Público y la Policía Judicial.
“Aún no tenemos la voluntad política que englobe a los tres poderes del Estado para crear esa unidad estratégica que ayude al Ministerio Público en una investigación eficiente”, refirió el juez.
No obstante, precisó que el Estado es el que tiene que manifestar, expresar y demostrar que cerró todo vestigio que pueda poner en duda su esfuerzo por descubrir quiénes fueron los responsables del hecho que afectó los derechos humanos.
Una suma insólita
Respecto a la suma “simbólica” de USD 50 millones exigida por Juan Arrom, resaltó que, hasta la fecha, la Corte jamás dispuso una reparación similar al monto que fue solicitado durante la audiencia.
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Recordó algunos casos en los que Paraguay tuvo condena, pero resaltó que las cifras fueron muy exiguas.
La audiencia desarrollada este jueves en Costa Rica culminó luego de casi nueve horas. Los alegatos finales escritos por parte de las tres partes: demandantes, Estado y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueden ser presentados hasta el 8 de marzo.
La sentencia será dictada recién entre septiembre y octubre de este año.
