El parlamentario Antonio Buzarquis se hizo eco de la situación que están atravesando alrededor de 20 familias, afincadas en unas 95 hectáreas, en la compañía Potrero Pucú, de la ciudad de Valenzuela, Departamento de Cordillera.
Los pobladores acusan a la directora de la Comisión Asesora de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Blanca Victoria Ojeda Núñez, y a su esposo, el director de Servicios Generales, Arsenio Rubén Villaverde, de que supuestamente intentan desalojarlos de sus legítimas propiedades.
Las familias indicaron a Buzarquis que ellos cuentan con los títulos que datan del año 1937. Llevan más de 50 años viviendo en el lugar.
Por su parte, la pareja también argumenta que tienen los documentos de esas tierras y que están en regla.
Los abogados de las víctimas refirieron que apareció en el año 1984 un supuesto título a nombre de otra persona.
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El magistrado Germán Bernal recabó datos pertinentes en el lugar para su posterior dictamen sobre la situación.
A todo esto, Buzarquis indicó que una propiedad no puede tener más de un título y prometió poner a conocimiento del presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, toda la situación que están atravesando.
En una de estas instancias, el abogado Ignacio Pane lleva la defensa por la tenencia de la propiedad de unas 14 hectáreas de Ana Pastore, Lorenzo Segovia, Elvio Segovia Pastore y Derlis Segovia Pastore.
El grupo de la familia Pastore manifiesta que en el año 1974, el señor Juan Pastore realizó la compra de Justiniano Ojeda, dónde están asentadas en unas 14 hectáreas, de acuerdo a lo expresado por sus representantes legales.
