El diputado cartista Derlis Maidana explicó que el artículo 4 inciso 8 del documento, atribuye a la Contraloría General de la República, a denunciar ante el Ministerio Público, cuando los resultados obtenidos en las investigaciones a los documentos presentados por un funcionario, revelen indicios de irregularidades o enriquecimiento indebido.
Igualmente, el artículo 14 del mismo documento, establece multas en caso de no rectificar una información proporcionada de manera errónea y recalca que, al encontrar indicios de enriquecimiento ilícito, la CGR deberá informar al Ministerio Público.
“El proyecto aprobado es un acto administrativo, es decir, un servidor público se presenta a la Contraloría, pero si esta no se siente satisfecha con la documentación, puede llamarme, pedir informe a varias instituciones y si sigue encontrando inconsistencias puede multarme hasta 500 jornales y si aun así los documentos no convencen, los artículos 4 y 14, mantienen la atribución de denunciar ante las autoridades pertinentes; no se habla de despenalización, a nuestro entender con este artículo no se despenaliza nada”, indicó el diputado Maidana.
En cuanto a la desestimación de publicar los datos de forma automática, el legislador precisó que se optó mantener como tal, para salvaguardar la seguridad del funcionario.
