La postura de controlar los fondos privados y no solo los públicos, como recomendó la Procuraduría, se mantiene, pese a las críticas de nivel nacional como internacional. Esto podría afectar incluso a periodistas. El senador Gustavo Leite, uno de los proyectistas, sostiene que “si los comunicadores cobraron de alguna ONG, estarán expuestos a la transparencia”.
Para el senador Derlis Maidana, lo esencial es precisar a los sujetos excluidos de la ley, entre los artículos del 1 al 9. Esto surgió luego de la alarma que generó el proyecto, que por su redacción apuntaba a todo tipo de organización. Para los cartistas, es importante enfocarse en las más grandes, como señaló el legislador, porque son las que reciben más fondos.
El diputado Hugo Meza, de la bancada B de Honor Colorado, confirmó que van a aprobar el proyecto en general, pero con modificaciones. El cambio central estará en reemplazar la frase “organizaciones sin fines de lucro” por “personas jurídicas”, con lo que salvan a comisiones de fomento y otros, donde radica gran parte de su electorado de base.
“Las personas jurídicas son sujetos de derecho capaz de contraer obligaciones a partir de su creación ya sea por el Ejecutivo o por ley. Las comisiones vecinales, por ejemplo, no son personas jurídicas, no tienen estatutos sociales”, detalló.
La idea es coordinar las modificaciones con los senadores, para que una vez que reciban de nuevo el proyecto ya aprobado en Diputados, no sea rechazado o retocado nuevamente.
Meza comentó que otro cambio a ser aplicado es eliminar expresamente algunos artículos del Código Civil contrapuestos con artículos del proyecto, aunque no detalló cuáles.
Finalmente, se prevé cambiar artículos que consideran inconstitucionales, como el número 9, que establece que las entidades binacionales no podrán firmar ni ejecutar convenios de empréstitos.
El diputado argumentó que las binacionales se rigen por contratos internacionales por lo que no pueden ser afectadas por una ley.
