Carlos María Ljubetic, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se refirió a la problemática que enfrenta el Registro Cívico Permanente como consecuencia de un decreto que data de 1998 y que reflotó desde hace tres años por parte de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), en donde se obliga a quienes deseen sacar su registro de conducir en un municipio a que presenten un certificado de inscripción en el padrón electoral de dicha localidad.
“Esta es una buena intención pero en la práctica lo que hace es degenerar no solo la situación del registro de conducir sino también la del registro cívico”, señaló.
Dio como ejemplo que mucha gente no quiere pasar por las pruebas que exigen algunos municipios, por lo que prefieren ir a una ciudad del interior y sacar de ahí su registro de conducir, pero como en esa ciudad del interior le exigen que esté inscripto en el registro cívico, el interesado en tramitar su carné de conducir, previamente va y se inscribe en el Registro Cívico Permanente.
“Con esto quedó habilitado para votar en una ciudad que no le corresponde elegir autoridades y salió del lugar donde realmente le corresponde”, señaló.
Indicó, además, que se puede demostrar categóricamente cómo se está alterando el padrón electoral y que en pocos años se podrá ver en algunos comicios, las consecuencias de todo esto. Se refirió además a Asunción, donde existe una alta migración en el padrón.
“El 50% como mínimo de los asuncenos, tiene registro en otra ciudad. Y esto hace que el 50% de los asuncenos figure en otro lado para votar. Con esto, dentro de poco la ciudad de Asunción se va quedar con tres o cuatro diputados para votar en unos años más”, sostuvo Ljubetic a Radio Cardinal.
Manifestó que es una situación muy delicada que desde hace tiempo vienen reclamando pero nadie les hace caso.
“En la práctica esto está distorsionando brutalmente el padrón electoral y no es una solución definitiva”.
Este tema toma fuerza teniendo en cuenta la cuestión de la Inspección Técnica Vehicular, que a pesar de que fue derogada, varios municipios seguirán exigiendo ITV; un hecho que hace migrar de sus municipios a quienes no quieren realizar dicha inspección.
