Miembros campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular exigen a los senadores que se ratifiquen en su versión del proyecto de ley de agricultura familiar que fue modificado el miércoles por la Cámara de Diputados.
Por el momento, los labriegos evaluarán las acciones que tomarán en el marco de sus movilizaciones. No obstante, permanecerán apostados sobre la calle Yegros, desde Presidente Franco hasta Herrera, en el microcentro de Asunción, según informó Telefuturo.
Los productores piden que se mantengan los recursos destinados a las transferencias directas, ya que eso les permitirá cultivar los rubros de autoconsumo y de renta, que perdieron casi por completo a raíz de la sequía y deudas judicializadas que les impiden acceder a los nuevos préstamos.
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Con la mayoría de votos del sector de Honor Colorado, los diputados decidieron aprobar con modificaciones el proyecto de ley para la agricultura familiar que contemplaba USD 25 millones en recursos para el sector en el marco de la pandemia del Covid-19.
Los legisladores reprogramaron los gastos previstos para transferencias, que ascendían a USD 16 millones, los cuales finalmente quedaron con un fondo de USD 1,5 millones.
El principal cuestionamiento a la propuesta original es la falta de control que habría sobre el uso de los USD 16 millones contemplados como transferencias directas a los campesinos.
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También se aprobó que casi todos los recursos sean destinados a la compra de bienes e insumos para su posterior entrega a los agricultores y que las compras públicas que especifica el proyecto se realicen por las vías de la excepción para su inmediata disposición en el campo.
En contrapartida, incrementaron las inversiones para compra de varios tipos de insumos agrícolas, para la construcción de más pozos artesianos y maquinarias, así también decidieron otorgar USD 1 millón al Crédito Agrícola de Habilitación para préstamos blandos que se dirijan a los pequeños productores afectados por la sequía.
La Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular exigen a los senadores que se ratifiquen en su versión, pero la sanción de la ley depende finalmente de Diputados, como cámara revisora.
