La buena noticia es que la Cámara Baja rechazó, tal como recomendó la Comisión Bicameral, todos los pedidos de ampliación que hicieron diversas entidades públicas y gremios de funcionarios. Estos, aproximadamente, llegaban a los 450 millones de dólares.
Podría decirse, sin embargo, que esto solo fue la calma que antecede al huracán, como reza una conocida frase convertida en canción.
Si bien es cierto que los legisladores que componen esta instancia no aumentaron significativamente el monto global, sin ningún sustento técnico sí autorizaron un peligroso incremento en la estimación de los ingresos tributarios, es decir, en los recursos que debe obtener el Fisco por la vía de los impuestos, entendiendo esto como una misión que debe cumplirse para cubrir los gastos obligados.
En realidad, lo que aprobaron los parlamentarios es un desfinanciamiento del Presupuesto Público, por casi 17 millones de dólares. Desfinanciamiento porque se habla de dinero que, según las proyecciones de la actividad interna y del comportamiento de los consumidores, entre otros motivos, no podría recaudarse.
Esto no solo implica que planes y programas quedarán con un descalce importante el año que viene, sino que, además, implica que el saldo rojo podría salirse de los límites normativos, con todo lo que eso implica para la credibilidad del país y para la confianza de los agentes económicos.
Además, genera más preocupación que ese incremento en la proyección de recaudación irá destinado principalmente al gasto salarial, en medio de campañas políticas de cara a las internas partidarias de diciembre y elecciones generales de abril.
Los diputados, con más olfato clientelar que lógico, terminaron aprobando nivelaciones y equiparaciones salariales para funcionarios del Congreso, Registro Civil, Ministerio de la Defensa Pública y la UNA, lo que no es otra cosa que aumentos disfrazados con elegantes denominaciones. Asimismo, concedieron reajustes de sueldo a guardaparques, funcionarios de las universidades públicas y trabajadores sociales del Hospital de Clínicas, entre otros.
Además, aprobaron la creación de más de 1.300 cargos, algo que generaría aplausos si van a ser destinados a médicos, docentes o policías, pero increíblemente recortaron cupos al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Niñez para dar esos puestos a operadores en entes de numerosos cuestionamientos como Diputados, la Fiscalía, el TSJE y la Corte. Prioridades.
El Presupuesto Público es una herramienta con demasiada importancia para la vida de todos los paraguayos. Mediante este instrumento, el Estado financia sus políticas públicas en infraestructura, lucha contra la pobreza, empleo y protección social. En un mundo ideal, estas políticas están orientadas a disminuir las enormes brechas y desigualdades, pero si además de tener políticas ya deficientes y con pocos resultados, el Congreso sigue priorizando su mirada egoísta, prebendaria y cortoplacista, seguiremos siendo un país desigual y con evidentes rezagos.
Tras años bastantes duros, estamos caminando por la cornisa, pero aparentemente algunos legisladores siguen sin enterarse. El PGN 2023 está ahora en manos del Senado. Se espera de la cámara revisora sensatez, prudencia y altura intelectual.