El debate sobre el presupuesto público no es una cuestión técnica. Los múltiples conflictos en torno a este refleja la enorme tensión social existente en Paraguay, derivada de los bajos niveles de bienestar. La eliminación de los gastos superfluos debe ser un objetivo que cambie estructuralmente el presupuesto público y es uno de los mecanismos para aumentar la calidad del gasto, promesa incumplida desde hace años.
A pocos días de cerrar el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027, las comisiones legislativas se encuentran en la habitual, y a menudo cosmética, tarea de buscar eliminar “gastos superfluos”. Hasta ahora no han conseguido resultados evidentes, ya que casi cada año surge la propuesta. No solo no se resuelve, sino que aumentan los gastos en rubros de dudoso valor público.
La persistencia de gastos inútiles destinados a sostener los privilegios de la clase política y económica y de una minoría de funcionarios públicos representa una falla estructural en la calidad del gasto público. Uno de los factores que afectan a la ineficiencia de los recursos públicos es la cantidad de fondos en rubros que no benefician a la población. Pero el problema no queda allí. El gasto en esos rubros elimina la posibilidad de proveer recursos a servicios indispensables para la población, como salud, educación, agua potable y saneamiento, caminos de todo tiempo, entre otras brechas pendientes de cerrar en nuestro país.
La calidad del gasto público se mide por su capacidad para generar retornos sociales y económicos. Un gasto de alta calidad construye infraestructura con beneficios para la mayoría, financia la educación y garantiza la cobertura de salud y, sobre todo, implica poner en el centro a la ciudadanía.
Por el contrario, los gastos superfluos representan un gasto de pésima calidad. Son transferencias regresivas de riqueza: se extraen recursos de la mayoría de los contribuyentes para financiar beneficios de una minoría tanto en el sector público como privado.
El contexto electoral agrava esta dinámica. Durante los ciclos políticos, los riesgos se acentúan. El aparato estatal tiende a priorizar el gasto clientelar de corto plazo, orientado a la captación de lealtades políticas, en detrimento de la inversión pública a largo plazo. La promesa de “recortar gastos superfluos” a una semana de cerrar el PGN 2027 a menudo obedece más a una estrategia de mitigación de daños frente a la opinión pública que a una voluntad real de reforma estructural.
Mantener gastos superfluos compromete la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo, ya que no solo desvía recursos hacia rubros improductivos, sino que también convierte el presupuesto en un instrumento rígido. Ante choques externos o crisis internas, el Estado carece de margen de maniobra porque una gran porción de sus ingresos está comprometida en mantener un aparato burocrático pesado y lealtades económicas privadas.
La persistencia de ineficiencias además desalienta el pago de impuestos. La moral tributaria de la ciudadanía se reduce cuando el contribuyente percibe que su esfuerzo no se traduce en servicios, sino en privilegios para otros.
Lo que la economía política actual demanda es una revisión exhaustiva de la eficiencia del gasto basada en resultados. Los parches ya son insuficientes. El Estado debe eliminar estos rubros y reasignarlos a otros que constituyan bienes públicos con beneficios directos a la ciudadanía.
La eliminación de los gastos superfluos no es solo una exigencia moral en tiempos de crisis e inflación; es una condición para estabilizar la macroeconomía y transitar hacia un presupuesto con mayores beneficios y equidad. El aumento de la calidad del gasto es una promesa incumplida hasta ahora.
