Hace dos semanas, dos personas acabaron muertas en un confuso operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Canindeyú. Con el correr de los días, las dudas fueron creciendo como también los cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia. Es fundamental esclarecer lo sucedido y que se identifique a los responsables.
La Fiscalía General del Estado había conformado un equipo de agentes de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y de Derechos Humanos para iniciar una investigación penal respecto de lo sucedido durante el procedimiento de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el que dos integrantes de una comunidad indígena, Y’apo, en Canindeyú, fueron muertos durante un supuesto fuego cruzado con los agentes antidrogas.
Los hechos se sucedieron hace dos semanas y en este tiempo no se ha conocido de novedades al respecto.
La primera información que aquel aciago día fue dada a conocer por la Senad afirmaba, con absoluta seguridad, que durante la Operación Redención, realizada en el Departamento de Canindeyú, fueron abatidos dos supuestos integrantes de la estructura criminal liderada por el presunto narcotraficante Felipe Santiago Acosta, alias Macho. Que los hombres estaban a bordo de un automóvil de color blanco que quedó con rastros de disparos, mientras que los agentes iban en una camioneta negra, que también recibió impactos de bala.
Se afirmó que ambos muertos eran objetivos de gran importancia por su cercanía a Macho y sus funciones en la logística criminal, según informaba Francisco Ayala, director de Comunicación de la Senad.
Lo que habría sucedido aquella tarde en la comunidad indígena Y’apo, del distrito de Corpus Christi, era sin embargo algo muy diferente.
La comunidad cuestionó la versión oficial. Aseguran que el docente Catalino Correa y el líder indígena Antonio Carrillo, ambos asesinados por agentes de la Senad, no pertenecen a un grupo criminal y que, por el contrario, fueron torturados y asesinados por las fuerzas de seguridad.
De la misma manera se supo luego que esta comunidad mantiene un extenso conflicto de tierras con estancieros brasileños quienes habrían invadido sus territorios ancestrales. Sería fácil investigar si este hecho no podría estar por detrás de los sucesos que terminaron con la pérdida de dos vidas.
El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, admitió que el procedimiento no fue filmado por los agentes porque se habría dado de forma sorpresiva. Agregó que tenían trabajo de inteligencia e información y que hasta en las redes sociales de la comunidad se ve que ostentan uso de armas de grueso calibre.
Sin embargo, el padre de Catalino Correa denunció que tanto su hijo como el líder indígena habrían sido torturados por los agentes de la Senad hasta que terminaron con sus vidas, y señaló irregularidades, como el hecho de que su hijo salió de la escuela manejando su vehículo, pero que fue encontrado en el lado del acompañante.
Desde la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi), órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya, expresaron consternación, indignación y dolor ante los graves hechos ocurridos en la comunidad indígena Y’apo, del pueblo Ava Guarani, distrito de Corpus Christi.
“Ante la gravedad de estos hechos, Conapi no puede permanecer indiferente ni guardar silencio. La pérdida de vidas humanas en el contexto de un conflicto que involucra a una comunidad indígena constituye un hecho de extrema gravedad que exige una respuesta firme, responsable y transparente de las instituciones del Estado”.
También el cardenal Adalberto Martínez Flores, arzobispo de Asunción, pidió verdad, justicia y una investigación responsable sobre las muertes ocurridas durante el operativo de la Senad.
Es absolutamente necesario que avance la investigación del Ministerio Público que esta sea una investigación exhaustiva, objetiva, independiente, imparcial y transparente. La comunidad indígena Y’apo y la sociedad paraguaya tienen derecho a conocer la verdad.
Es inaceptable la displicencia con la que actúan y responden los funcionarios de la Senad cuando es obligación de ellos saber que el Estado paraguayo tiene la responsabilidad de garantizar la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, y proteger de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Nacional.
