De esta manera, se podrá conceptualizar la energía eléctrica como un derecho humano y fuente de empleo, sobrepasando en 340 firmas la cantidad necesaria, totalizando 48.661 firmas registradas por el TSJE.
De esa forma, el citado proyecto de ley será remitido al Congreso para su tratamiento desde el 1 de marzo de 2025, con un plazo máximo de estudio de seis meses, según prevé la ley que regula las iniciativas populares.
La iniciativa popular intenta que la energía eléctrica sea un derecho humano en todo el Paraguay, correspondiéndole a la ANDE la obligación de conectar a todo usuario y a no cortarle el servicio, si es que el usuario no tiene condiciones de pago, así como aceptar una tarifa gratuita hasta 300 kWh/mes para indígenas y personas sin recursos de la tercera edad.
Según la iniciativa, para facilitar el pago de los usuarios de menores recursos el proyecto de ley prevé descuentos automáticos, tanto para abastecimiento monofásico como trifásico en baja tensión y sin límite de llave limitadora, de hasta 90% (hasta 100 kWh/mes), 85% entre 101 y 200 kWh/mes, 75% entre 201 y 300 kWh/mes y 50% entre 301 y 500 kWh/mes, en todo horario, y descuentos fuera del horario de punta de carga del 35% para consumos entre 501 y 750 kWh/mes, de 25% entre 751 y 1.000 kWh/mes y de 15% entre 1.001 y 1.500 kWh/mes, con lo cual se llega a más del 90% de las familias, desde el sector popular hasta la clase media.
