24 sept 2026

Blanqueo de Bataglia puede sentar “precedente nefasto”

30344603

Cuestionada. La Fiscalía había pedido desestimar la denuncia por billonario desfalco en IPS.

ARCHIVO ÚH

El contralor general de la República, Camilo Benítez, cuestionó la labor de la Fiscalía en la investigación contra el ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia, iniciada tras un informe de la Contraloría General de la República, que mediante una auditoría al ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre del 2023 detectó un supuesto desfalco a la previsional de G. 1 billón.

Esto, teniendo en cuenta que el pasado mes de octubre, los fiscales que atienden la causa, Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez, solicitaron al juez Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos la desestimación de la denuncia.

Al respecto, el contralor mencionó a radio Ñandutí que “es la primera vez que hablo de esto. Miro con mucha preocupación. Si el Ministerio Público archiva una investigación tan emblemática, tan grande y sensible, puede sentar un precedente nefasto para nuestro país en materia de corrupción”.

El titular de la CGR también resaltó que la potestad que tiene el Ministerio Público en la investigación de hechos de desvíos de fondos o corrupción es mayor a la de un auditor de la Contraloría.

“La potestad que tiene en una investigación un fiscal es muchísimo más poderosa de la que tiene un auditor. Ellos, yo no vi que hayan allanado en IPS, revisado las facturas de los pagos, verificado la distribución de los documentos; yo no veo nada. Es más, antes del informe, en una parte dice que el IPS no tenía por qué proveer de esta información, como si fuera que ellos (los fiscales investigadores) son los abogados de las autoridades del IPS”, criticó Benítez.

Sobre el punto, resaltó: “Ellos son representantes del Ministerio Público, nos representan a la sociedad paraguaya, y en parte dicen que el IPS no tenía por qué proveer esa información. ¿Por qué ellos hacen esa referencia en su investigación fiscal?”, cuestionó el contralor sobre la tibia investigación del Ministerio Público en la causa.

el caso. En la causa por supuesta lesión de confianza y estafa se encuentran investigados el ex titular del IPS Vicente Bataglia; también Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina.

Sin embargo, los agentes solicitaron la desestimación de la denuncia alegando que “a criterio de esta representación fiscal no se dan los presupuestos para la configuración de los tipos penales de lesión de confianza y estafa”. También dicen que hay controversias entre lo analizado por la CGR y lo contrastado por la Fiscalía.

Más contenido de esta sección
La defensa del ex senador Hernán David Rivas Román sostiene que hubo duda, por lo que corresponde la absolución de culpa y reproche del acusado. Esto, en sus alegatos finales que presentó ante el Tribunal de Sentencia. Este jueves se daría una sentencia en la causa de título falso. La Fiscalía requirió 12 años de encierro.
Caída. La Fiscalía tiene casi por sentado que Hugo Javier sufrió una caída, pero quiere escucharlo.
Sobreviviente. Gerardo Fariña (ANR) resultó ileso tras ser blanco de sicarios, a días de los comicios.
Riesgo. Advierten sobre posible “captura criminal de la política”, de confirmarse el trasfondo.
En mayoría, el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, revocó la condena de 100 días multa contra la abogada y activista María Esther Roa en la querella por difamación promovida por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, por un audio creado con IA, que le atribuían al profesional y fue difundido por ella, y donde decían sobre el “cartel de la toga”.
Por ocho votos contra uno, el pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de suspender a la jueza Civil de Encarnación, Nilda Concepción Benítez Caballero, quien había concedido un amparo constitucional en contra de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, a pedido de la fiscala Lissa Ruiz Díaz, desestimó la denuncia contra un Tribunal de Sentencia de Central, por supuesto prevaricato. Los denunciantes señalaron que al admitir una prueba en forma indebida, favorecieron a una parte con lo que condenaron a acusado a 12 años de cárcel, pena que luego fue anulada.