En una audiencia que mantuvieron los vecinos con el intendente, Luis Bello, les pidieron aguardar una semana para destrabar la situación. En tanto esperan una solución, el asesor técnico de la Dirección de Tránsito, Andrés Mallada, respondió que se prevé una importante reunión para el 20 de agosto, tras la cual esperan restablecer el servicio en 15 días.
Rosemary González, representante de los vecinos, informó que la audiencia con el intendente se fijó el jueves para las 10:30, pero Luis Bello terminó recibiéndolos dos horas después.
Debido a la demora, el grupo de vecinos se redujo, pues algunos tenían compromisos laborales y tuvieron que irse. Rosemary aseguró que el intendente recibió una nota sobre las trabas burocráticas por las que tuvo que atravesar para lograr que hagan caso al pedido de restablecimiento del servicio.
Recordó que los vecinos visitaron numerosas empresas de transporte en busca de una solución, y que la firma San Isidro aceptó cubrir el itinerario de la Línea 16. En la reunión con el intendente, los pobladores solicitaron que se le otorgue a la empresa un permiso provisorio de un año, antes de obtener una habilitación definitiva con la siguiente administración.
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Luis Bello pidió a los vecinos una semana de tiempo para resolver la situación, atendiendo a las leyes y ordenanzas correspondientes. Rosemary aseguró que uno de los pedidos principales de los vecinos fue además evitar que el servicio vuelva a funcionar con chatarras.
¿Cómo empezó el conflicto?
Según el ingeniero Andrés Mallada, asesor de la Dirección de Transporte de la Municipalidad de Asunción, la situación inició cuando la empresa de la línea 16, La Unión, “comenzó a ir perdiendo su posibilidad de operar porque la operativa se le hacía caro, porque el pasaje era muy bajo y aparte de eso, comenzó a aumentar el combustible”.
Aseguró que las unidades activas fueron bajando de forma gradual, de 10 a 6 y así sucesivamente. La empresa remitió a la Municipalidad varias notas informando sobre la situación. “No pudieron más operar porque no le dieron más las condiciones, aparte de eso se complicó por las condiciones de las calles por las cuales el itinerario establece que tiene que circular. Ese fue el inicio de la crisis de circulación”, recordó el ingeniero.
Añadió que se logró conversar con la empresa Adusa, que opera la Línea 37 C, para trabajar en función a una adecuación del itinerario: “Hicimos una adecuación para que, en lugar de que ellos siguiesen el itinerario de la 37 C, a partir de la calle Onieva, pudiesen hacer el itinerario de la línea 16 hasta la calle Santísima Trinidad, y pasar por enfrente a la Facultad de Derecho UNA, y después reiniciar su itinerario como le correspodne a la 37 C”.
Mallada señaló que con esto se demostró que “era necesario que haya un reajuste tarifario para que haya un mejor servicio, porque estaban comenzando con pocas unidades”. Ocurrió entonces que la tarifa del combustible “aumentó G. 2.000 en un mes”, situación que “ni el viceministerio consiguió todavía regularizar”. La empresa de la línea 37 C, según Mallada, informó que no podría seguir el itinerario ajustado en esas condiciones.
En este punto de la historia, según el ingeniero, se comenzó a trabajar para solicitar que la empresa de la Línea 6 cubriera el itinerario de la línea 16. “Nos dijeron que sí, y por el mismo motivo del combustible, ese aumento de G. 2.000 en un mes, fue lo que nos desarticuló completamente”, refirió.
¿Cómo se prevé cubrir vacío dejado por la Línea 16?
Más adelante, la Municipalidad de Asunción recibió el pedido de los vecinos para que la empresa San Isidro cubriera el itinerario necesitado. Mallada recordó que se realizó una audiencia con representantes de San Isidro, el Viceministerio de Transporte, las comisiones vecinales, la Intendencia y la Junta Municipal.
La referida empresa manifestó estar dispuesta a la cobertura del itinerario y el Viceministerio indicó que se debía estudiar el pedido. La Junta Municipal emitió entonces una resolución para que la Intendencia apruebe el pedido de los vecinos.
“Envían eso a la Dirección de Tránsito inicialmente, para que siga su proceso. En la Dirección nosotros le consultamos a la empresa. Ellos presentaron la nota a la Municipalidad diciendo: (...) ‘Nosotros, como San Isidro, estamos dispuestos a prestar nuestro servicio, siempre y cuando el Viceministerio nos diga, porque nosotros no podemos cubrir un itinerario de Asunción si no tenemos la autorización explícita del Viceministerio”, indicó Mallada sobre la ruta que comenzó a seguir el documento.
Desde la referida dirección, según el ingeniero, se remitió una nota al Viceministerio, que según Mallada, respondió: “Nosotros no nos podemos dar ese permiso, tenemos que necesariamente hacer un trabajo entre ustedes (sic) para ver cómo se podría hacer”.
Se resolvió entonces realizar una nueva reunión con representantes del Viceministerio, la Intendencia, la Dirección de Tránsito, la Dirección Interinstitucional, la Dirección de Asesoría Jurídica y representantes de la Comisión de Transporte de la Junta Municipal.
Mallada aseguró que la firma San Isidro propuso ofrecer los servicios de la Línea 85, hasta el barrio Mbocayaty. “La empresa dice: ‘El 85 llega hasta la Facultad de Derecho, nosotros podemos extenderlo hasta allá, Mbocayaty, ir y arranchar ahí para que se adecue a nuestro itinerario del 85'”, recordó Mallada.
Distintas direcciones de la Municipalidad se interiorizaron de la situación y se remitió una nota al Viceministerio del Transporte, que aceptó participar en una nueva reunión. “Me dijeron que el intendente ya envió la nota oficial al Viceministerio para que la reunión se haga, creo que el 20 de agosto”, adelantó Mallada.
No obstante, el ingeniero aseguró que la empresa de la Línea 16 “tiene pendiente tratar con el Viceministerio y con la empresa San Isidro la aceptación de la cobertura para los barrios que cubría”.
“Hay que ver qué va a quedar plasmado —dijo Mallada—. Según nosotros entendemos, la San Isidro no está dispuesta a cubrir todo el itinerario de la 16, (sino) solamente desde los barrios saliendo por Santísima Trinidad y retomando su itinerario desde enfrente de la Facultad de Derecho”.
Como indicó el ingeniero, quedarían por cubrir distintas vías que se encuentran en Julio Correa, San Martín, Mariscal López y otros tramos en barrio Obrero, etcétera. “Eso era lo que había aceptado la Línea 6, pero a parte de eso se presentó la empresa Tupa E.A.S”, refirió.
Vecinos difundieron “comunicado” de empresa interesada en cubrir itinerario
Mallada aseguró que Tupa presentó “un proyecto” con “la cantidad de frecuencia que ofrecen, el parque que ofrecen y el lugar donde ellos operarían”. Aseguró que “todo esto es una posibilidad porque no hay ninguna empresa que ya te compre un terreno, que ya te compre los vehículos para ver si es que se le va a aprobar el itinerario, (...) pero sí se presentaron todas las formalidades que se requieren”.
A continuación, el ingeniero añadió: “Básicamente, una empresa lo que tiene que tener es un lugar desde donde tiene que operar, cargar combustible y reparar su vehículo, y donde tenga que tener su parque cerrado, que es la parada terminal. Lo presentaron, y también presentaron el listado del parque con el que van a iniciar la operativa, y se comprometen a trabajar creo que con 20 unidades, pero de manera (...) secuencial, ir (...) de a poco, porque no tendría sentido que ellos coloquen 20, que la gente todavía no está acostumbrada y que haya, que estoy trabajando (...) sin pasajeros, con la pérdida correspondiente”.
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Remarcó que la empresa presentó el lugar donde funcionaría la parada, que “necesariamente tiene que tener el espacio para (albergar la cantidad de buses que ellos quieren tener, que corresponde a 40 metros cuadrados por cada bus”.
“Presentaron eso y también presentaron el listado de buses. De ahí no me tomé el trabajo de ver la compatibilidad de una dirección con otra, porque no es vinculante el hecho de que una empresa que te dé una dirección, no necesariamente esa dirección va a ser el lugar desde donde van a operar. Estas son (...) tergiversaciones”, respondió el ingeniero.
El pasado 10 de agosto, la empresa en cuestión, según un comunicado sin firma difundido por vecinos de las zonas afectadas, manifestó que “hasta la fecha y a pesar de haber mantenido constantes reuniones con las autoridades correspondientes”, no recibió “ninguna respuesta oficial ni resolución favorable respecto a la solicitud remitida a la Comuna.
La firma, según el supuesto comunicado, emplaza a la Municipalidad indicando que “las ofertas y propuestas presentadas por Tupa E.A.S para la cobertura de este itinerario, serán validas únicamente por un plazo de treinta días más a partir de la fecha”.
Tras reunión, colectivos podrían volver a operar en 15 días
Volviendo a la reunión prevista para el 20 de agosto, Mallada refirió que se tendrá en cuenta el proceso realizado con la empresa de la Línea 6, y también “si eventualmente la empresa San Isidro quiere, se postula y dice que tiene las condiciones de hacer la cobertura completa de la línea 6, perfecto, hacemos el convenio, vemos cómo se va a hacer”.
Subrayó que el Viceministerio no puede dar un itinerario de manera unilateral, cuando se trata de un itinerario de Asunción, “y Asunción no puede dar un itinerario que tiene que ver con la empresa del Viceministerio, por eso es que se necesita la coordinación”.
Adelantó que si se llega a un acuerdo mancomunado el 20 de agosto, el restablecimiento del servicio en las zonas afectadas no tendría que tardar mucho.
“San Isidro es una empresa que está en operación, falta solamente a extender. Entonces, no habría mucho tiempo que perder, ya podría comenzar en un periodo de 15 días, a más tardar ya podría estar operando lo que ellos estarían dispuestos a cubrir”.
Con respecto a la posible participación de la empresa Tupa E.A.S, Mallada indicó: “Ahí tiene un proceso un poco más administrativo, porque ellos tienen que tener los vehículos, (...) hacer su inspección técnica vehicular, pagar los impuestos correspondientes, hacer todas las inscripciones de los choferes en IPS, en Justicia. (...) Tiene un proceso un poquito más detallado que necesariamente tiene que pasar la empresa. Entonces, eso tal vez le llevaría 20 días, dependiendo de la celeridad de los trámites de las instituciones involucradas”.
Diferencias de las tarifas para empresas de Asunción
Explicó el ingeniero Mallada que Asunción “no tiene subsidio, solamente la tarifa, entonces evidentemente se complica bastante la operativa para las empresas” de la capital.
“Las empresas del Viceministerio tienen G. 2.300 para el convencional, más G. 2.500 casi G. 3.000 para lo que es el subsidio. Después tienen el diferencial, que es G. 3.400 que paga el pasajero, más casi G. 3.000 que paga el subsidio. Entonces, ahí las empresas en realidad (...) reciben por cada pasajero convencional en torno a G. 5.500, casi G. 6.000, y en el otro reciben en torno a G. 6.500. Es una diferencia muy grande con relación a los G. 2.800 que estaba cobrando Asunción, y con relación a los G. 3.400 que cobra hoy”, detalló.
Empresa tiene entre representantes a hombre que fue imputado por extorsión y dirección no corresponde
Última Hora accedió a partes del documento en el que se detallan datos sobre la empresa en cuestión. Entre las direcciones que se indican como “domicilios fiscales”, se mencionan: Washington Ramírez 999 c/ Héctor de los Ríos y Reservista de la Guerra del Chaco 3236.
En el primer caso, la dirección corresponde a un domicilio en donde funciona una consultora. Al momento en que este diario acudió al lugar, el martes a la mañana, no había nadie. En lo que respecta a la segunda dirección, se encontró una vivienda particular en la que una persona no identificada, que salió del lugar, respondió que allí no funcionaba nada relacionado con ningún tipo de servicio de transporte.
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Desde este diario también se buscó contactar con los números identificados en los documentos, pero ninguno respondió a las consultas.
Entre los representantes identificados en el documento presentado por Tupa, se identifica a Ignacio Valois Insaurralde y Edgar Yoni Soto Ortellado. Éste último, como se indica en una publicación de ÚH del 12 de julio de 2018, fue imputado por el agente fiscal Javier Ibarra, por un caso de supuesta extorsión.
El hombre, junto con Claudio Caballero y Elba Yolanda Gill, habría integrado un grupo desde el cual se hacían pasar por funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para amenazar al propietario de un instituto con un sumario y un fallo en su contra.
Soto Ortellado, como se menciona en la publicación, habría amenazado con iniciar acciones legales contra la supuesta víctima, si este no accedía a un pago de G. 15 millones.
