El tema fue tratado a pedido del concejal Pablo Callizo, quien convocó la semana pasada a autoridades municipales para que respondan sobre la construcción irregular de una estación de servicio en el predio de la División de Infantería, en el área del cerro Tacumbú.
Tanto Callizo como el edil Humberto Blasco apuntaron a que la construcción cuenta con permiso vencido y que el predio ocupado pertenece a la Municipalidad.
Las autoridades municipales que se presentaron a la sesión de este miércoles se deslindaron de responsabilidades y alegaron que el permiso otorgado a la estación de servicio proviene de la gestión pasada, a cargo del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
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El director jurídico, Jorge Sabaté, abrió el debate al reconocer que “esta es una estación de servicio que se aprobó en la administración anterior”, mientras que el director de Obras, Nicolás Chaparro, precisó que se trata de “una aprobación que corresponde al año 2023”.
Ricardo Servián, jefe del Departamento de Aprobación de Planos, recordó por su parte que el reglamento general de construcción, de la Ordenanza 26104, “establece en su artículo 31 que el propietario tiene derecho a manifestar por escrito en el expediente de obra su propósito de no llevar a cabo el proyecto para el cual tiene el permiso concedido”.
“Independientemente del permiso vencido, el propietario tiene la oportunidad de reactivar ese permiso. En el inciso B (de la ordenanza), establece casos de permisos que han vencido dos años a contar de la fecha de la concesión. Teniendo en cuenta este artículo de la ordenanza, el proponente ha solicitado la reactivación de su expediente, fundamentando su solicitud a la condicionante establecida en la resolución” de aprobación de planos, que, de acuerdo con la exposición de Servián, “establece en el artículo 2 que para el inicio de obras deberá contar con la declaración de impacto ambiental (DIA), según considerando que antecede”.
“Bajo esa condición, la Dirección de Asuntos Jurídicos entiende, a través de un dictamen, que el permiso comenzaba a partir de la emisión de la DIA, el permiso de concesión”, aseguró Servián.
El funcionario reveló que el ex director de Asuntos Jurídicos Benito Torres firmó el “Dictamen 4489, con fecha 5 de julio de 2024” para reactivar el permiso.
Torres, según la exposición de Servián, concluyó a través del documento que “la resolución de la Dirección de Obras Particulares N° 144, de fecha 28 de abril de 2023, (...) se encuentra plenamente vigente a la fecha, debiendo computarse el plazo de un año previsto en el reglamento general de construcción de la ordenanza, a partir del 11 de enero de 2024".
El argumento principal detrás de este dictamen, proferido en reiteradas ocasiones, fue entonces que el inicio de obras estaba condicionado a la obtención de la declaración expedida por el Mades, que la empresa consiguió tras la aprobación municipal de 2023.
Ante estas declaraciones, el concejal Callizo sugirió que hubo una maniobra para favorecer a la empresa privada encargada de la estación de servicio.
"¿Quién firmó y en qué año se firmó esa aprobación para que continúe la resolución vencida?”, requirió, y recordó que el plazo de vencimiento debería correr desde la aprobación municipal y no desde el trámite ambiental.
“Esta obra está hace 2 o 3 meses frente a la vista de todos en la Costanera Sur, ya tiene aprobación vencida, porque comentó el director que tienen aprobación del 2023. Sin embargo, eso vence a los 1 año (sic). (....) Las direcciones están jugando a favor de la empresa privada, y no a favor de los intereses de los asuncenos, de los vecinos, parece que demasiado queremos justificarle a la empresa, pero no nos plantamos como institución exigiendo las cosas como se deben”, declaró.
A su vez, el concejal Javier Pintos recordó que esta situación ignora la “oposición tenaz de los vecinos de todos los barrios de Asunción” ante la proliferación de estos establecimientos.
Recordó en este sentido que la capital ya tiene proporcionalmente “una estación de servicio cada 585 metros”, atendiendo a un terreno de 117 kilómetros cuadrados.
Por su parte, el edil Miguel Sosa manifestó su preocupación debido a que “habilitar una estación de servicio a metros de la laguna Tacumbú es muy peligroso, por el tanque subterráneo, ya que cualquier pérdida que se produzca, directamente les va a afectar a los pobladores de la zona”.
En respuesta a este cuestionamiento, Ricardo Servián sostuvo que los informes técnicos de topografía indican que “el proyecto se encuentra instalado a más de 100 metros, llegando a ambos cursos hídricos”, cumpliendo con la distancia mínima legal.
Servián incluso detalló que hubo mejoras técnicas contempladas para el desarrollo de la estación de servicio, como la “construcción de un sistema de encajonamiento de hormigón en los tanques subterráneos” de 15 cm de espesor, diseñado para que, “de existir alguna fuga”, se detecte y alarme a las personas que se encuentren operando en el área.
El concejal Callizo rebatió estos datos técnicos exhibiendo mapas en donde se aprecia una distancia menor a 100 metros entre la laguna y la estación de servicio.
También apuntó que existe otra estación de servicio a 600 metros de la que se construye actualmente.
A este debate se sumó el cuestionamiento por la legitimidad del uso del suelo. El concejal Sosa sostuvo que la zona en cuestión, desde la calle Colón hasta la entrada del cuartel de las Fuerzas Armadas, “es terreno municipal, y por lo tanto, la Fuerza Armada no puede arrendar su zona de retiro de seguridad nacional”.
El edil Humberto Blasco coincidió en que “la propiedad pertenece a la Municipalidad de Asunción” y que la ocupación debería compararse a la de los astilleros y amarraderos que operan en la zona.
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Desde la Dirección Jurídica, el abogado Sabaté aseguró que se realizará una revisión exhaustiva y además aseguró que si la estación fue “concedida de mala manera”, se solicitará la revocación del permiso.
Durante el debate también expuso el director de Gestión Ambiental, Fredis Estigarribia, quien aseguró que la estación “todavía no tiene habilitación ambiental” y que, aunque los expedientes indican que se encuentra a “101 metros de la laguna Tacumbú”, su dirección volverá a revisar los documentos y la situación in situ para asegurar el cumplimiento de las normas.
