La Junta Municipal de Asunción debatió este miércoles la supuesta construcción de numerosas estaciones de servicio en la capital, pese a que un decreto presidencial (N° 1400/2024) prohíbe su habilitación desde marzo del año pasado.
Concejales y directores municipales expusieron irregularidades y posibles fraudes en fechas de permisos, en una sesión en la que se proyectó inclusive plantear la prohibición total de nuevas estaciones en la ciudad.
La sesión comenzó con la intervención del concejal Pablo Callizo, quien señaló que al menos cinco estaciones están en construcción u operando sin permisos vigentes.
Lea más: Vecinos acuden al Mades para evitar instalación de estación de servicio
“Prácticamente dos años después de que el presidente había prohibido cualquier nueva habilitación de estaciones de servicio, se generaron muchas sospechas de cuándo fue realmente la aprobación” de las estaciones mencionadas por el edil, según explicó.
Mencionó casos concretos: una estación en General Santos y Cerro Corá, otra en avenida Perú, a metros de España, y otra más sobre la avenida Lillo. El concejal remarcó que, pese al decreto presidencial, siguen surgiendo nuevas estaciones de servicio.
Proyectos se habrían aprobado antes de la aplicación del decreto presidencial
El ingeniero Ricardo Servián, jefe de Departamento de Aprobación de Planos de la Dirección de Obras, presentó ante el pleno un informe sobre las estaciones mencionadas, destacando que todas supuestamente cuentan con licencias ambientales previas al decreto.
Estas licencias, según argumentó, permitieron el avance en la construcción. Se refirió en primer lugar a la estación ubicada en Lillo esquina Cnel. Cabrera, cuyo proyecto de construcción declara una superficie a construir de 226 m2 y posee Resolución 558/2025 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
El director mencionó que existe otra gasolinera en la autopista Ñu Guasu, Campo Grande, que cuenta con una superficie de 796 m2 y el aval de la Resolución 1286/2015 del Mades.
Señaló que hay otro inmueble, propiedad del Estado, ubicado en la Costanera Sur, que posee Resolución municipal N° 144 con fecha 28 de abril de 2023. El proyecto de construcción, según los datos proporcionados por el director, declara una superficie de 735 m2 y también posee el aval de una resolución del Mades.
Identificó por otro lado que en la avenida General Santos esquina Cerro Corá se encuentra otro inmueble, también propiedad del Estado, que es propiedad del Ministerio de Defensa y posee una resolución municipal que data del año 2023. El proyecto de la estación de servicio declara una superficie de 448 m2 y la Resolución Nº 1377/23 del Mades.
Servián, por último, citó un inmueble ubicado en Las Residentas esquina Perú, cuyo proyecto de construcción declara una superficie de 841 m2 y también con una Resolución 197/2024 proveniente del Mades.
El ingeniero citó el artículo 3 del Decreto 1400/24, que excluye de la prohibición los trámites iniciados antes de marzo de 2024. Explicó que las solicitudes de declaración de impacto ambiental vinculadas a las construcciones y operaciones de nuevas estaciones de servicio, gasolinera y puestos de consumo propio, ingresaron antes de que se aplicara el decreto presidencial.
“Esto hace de que las solicitudes del estudio impacto ambiental hayan ingresado anterior a estos decretos y posteriormente fue continuando su trámite respectivo” en el Mades, justificó.
Admitió que revisaría las fechas de ingreso real de los expedientes que contemplan los proyectos mencionados.
Una estación de servicio por cada 650 m2
El concejal Callizo cuestionó el hecho de que se aprobara una estación de 400 m2 y se refirió al proyecto que cuenta con aprobación desde 2023 en la zona de la Costanera Sur. “Todos sabemos que un año nomás tienen de plazo los permisos de construcción. (...) Ellos no construyeron, eso vence, y ya pasaron dos años”, aseguró.
Comparó la situación con el proyecto de construcción ubicado en General Santos. “Estamos en una situación de anarquía total, donde la Municipalidad no está cumpliendo su rol regulador”, criticó.
Adelantó que próximamente presentará una propuesta de ordenanza a través de la cual se prohíba la construcción de estaciones de servicio en Asunción.
La concejala Rossana Rolón, por su parte, exigió saber cuál es la postura del interventor, Carlos Pereira, con respecto al avance de las construcciones de estaciones de servicio. También buscó saber cuál es la política jurídica que tomará la Asesoría Jurídica de la Municipalidad ante las nuevas construcciones.
El director de Gestión Ambiental, Armando Becvort, reveló el dato alarmante de que existen unas 180 estaciones de servicio en Asunción. Aseguró que se están enviando notificaciones a cada una para verificar si las documentaciones están en regla y controlar los pozos de monitoreo de agua, supuestamente con el objeto de salvaguardar el acuífero Patiño de la contaminación.
Becvort aclaró que la dirección a su cargo no firmó habilitaciones en este periodo, pero sugirió que el problema reside en que el Mades emitió licencias previas al decreto.
El concejal Javier Pintos refirió que si existen 180 estaciones de servicio en una superficie de 117 km2, que es la que corresponde a Asunción, “da una distribución de una estación de servicio cada 650 m2”.
El edil Humberto Blasco aportó que de la cifra proporcionada por Becvort se puede concluir que hay 2,6 estaciones de servicio por cada barrio de Asunción. “Habla de una relación de 35 estaciones de servicio por cada 100.000 habitantes. Una cuestión brutal”, dijo.
“Invertir en miles de millones de dólares en la construcción y la puesta en funcionamiento de estaciones de servicio con medidas cautelares. ¿Qué pasa de la cuestión de fondo?”, cuestionó, aludiendo a los problemas ambientales que pueden generar la puesta en servicio de las gasolineras.
El ingeniero Servián manifestó que están dispuestos a analizar las documentaciones de las estaciones de servicio en la Costanera Norte y Sur, en coordinación con una mesa técnica, si así lo solicita la Junta Municipal.
El representante de la Dirección de Obras aclaró que para las estaciones de expendio de combustible, la superficie mínima exigida es de 600 m², mientras que para estaciones con servicios complementarios, como minimarket o lavadero, se requiere al menos 1.000 m².
En cuanto a la posibilidad de suspender obras en ejecución, el director interino de Asesoría Jurídica, Jorge Cantero, respondió que solo puede aplicarse si existen elementos jurídicos claros que justifiquen una medida de urgencia.
El concejal Callizo dijo a su vez que hay dos obras con resoluciones de aprobación de planos vencidas desde 2023 y denunció que ya estarían operando de forma irregular, incumpliendo con las normativas sobre veredas.
"¿Cómo es que están ellos impune y tranquilamente construyendo con resoluciones de aprobación de plano que ya vencieron?”, cuestionó.
