Tras el asesinato del fiscal contra el crimen organizado Marcelo Pecci, registrado este martes en Colombia, se realizó este miércoles una reunión en el Palacio de Justicia de Asunción para analizar la necesidad de reforzar la seguridad de los magistrados.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, y los integrantes de la Sala Penal Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, además de los ministros César Diesel y Víctor Ríos se reunieron con jueces de Garantías, de Tribunales de Sentencia, Apelación y Ejecución Penal que atienden los casos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción para debatir y coordinar acciones relacionadas con la seguridad.
Tras escuchar a los magistrados, los ministros señalaron que se hará una profunda revisión de la situación de seguridad tanto institucional como del personal de estos, a fin de adoptar las decisiones que sean pertinentes y necesarias.
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La ministra Carolina Llanes explicó que convocaron a todos los jueces, juezas y camaristas de la Justicia Penal Especializada para conversar sobre el tema de la seguridad de estos, de sus funcionarios en sus despachos y todo el tramo que deben recorrer para llegar a sus trabajos y en su vida en general.
Manifestó que realizaron una exposición acerca de cuáles son los parámetros básicos que hay que considerar al momento de trazar un plan.
“El presidente de la Corte y los ministros se han comprometido en desarrollar esas ideas y plasmarlas en algún documento, acordada o resolución que pueda tornarla inmediatamente para su implementación”, expresó.
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Asimismo se conversó también de la necesidad de contar con un presupuesto adecuado para poder implementar un sistema de seguridad y comunicacional acorde con las circunstancias y, sobre todo, proporcional a las amenazas y al riesgo que representan este tipo de situaciones.
“Se escuchó a cada uno de los jueces que quisieron exponer sus dificultades puntuales y concretas, se tomó nota a través de la oficina técnica de apoyo al sistema penal, donde también tenemos programas de cooperación internacional, uno en particular que prevé la implementación de un sistema de seguridad”, expresó.
Así también, el integrante del Tribunal de Apelación Penal Gustavo Ocampos refirió que el objetivo es adoptar medidas más precisas y eficientes para el cuidado de los actores de justicia que buscan dignificar la magistratura y cumplir con el compromiso de lograr la paz social.
“Somos conscientes de que manejamos casos muy graves, porque integramos el Tribunal Especializado de Crimen Organizado de Delitos Económicos, sin perjuicio de nuestras funciones y como tal debemos repensar en función de lo ocurrido (el crimen del fiscal Marcelo Pecci), si esto es un mensaje muy directo a todos nosotros y en función de eso, adoptar aquellas medidas más precisas para cuidar a quienes buscan dignificar la magistratura y cumplir el compromiso de servicio”, expresó.
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Manifestó que el “compromiso es múltiple y que los casos son muy grandes”. Aseguró que la Corte Suprema de Justicia analizará cuáles son aquellas medidas más precisas para garantizar la seguridad de manera a dar cumplimiento cabal, y lograr la eficiencia y la eficacia que busca el Poder Judicial para lograr la confianza de la ciudadanía.
Por su parte, el director de Seguridad y Asuntos Internos de la máxima instancia judicial, coronel Freide Amarilla, señaló que se está trabajando para incrementar las actividades de control para una mayor observación, a fin de reforzar las medidas preventivas.
Comentó que en coincidencia con el homicidio del fiscal de crimen organizado Marcelo Pecci, registrado este martes en Colombia, hay una mayor afluencia de gente en la medida en que va pasando el tiempo, por lo que se tomaron algunas acciones de actividades de inteligencia y medidas preventivas.
Por último, indicó que la parte externa va más allá de las posibilidades de la Dirección de Seguridad y Asuntos Internos, lo que sucede en la vía pública es de absoluta responsabilidad de la Policía Nacional.
