El 22 de agosto pasado, Milciades Toledo, presidente del Colegio de Abogados de Luque, fue detenido tras encontrarse la suma de G. 20 millones, que sería por el pago de una supuesta extorsión. Un hombre, identificado como Mario Quiroga Báez, había denunciado al abogado y a su ex cuñada, Beatriz Carolina Alegre, y a Camila Toledo, sobre el hecho punible de extorsión.
El afectado mencionó que ella y Toledo le pidieron la suma de G. 45 millones a fin de llegar a un acuerdo extrajudicial en el marco de una causa por violencia familiar.
En un audio se escucha al procesado diciendo a Quiroga que haga figurar que los hijos necesitaban viajar (a España) y por esa cantidad, “para que no parezca que se está negociando”, pero en realidad sería parte de la extorsión.
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También se escucha a la cuñada del denunciante, Beatriz, que hizo el trato con el abogado. La mujer trató con Quiroga sobre cómo se haría para llegar al acuerdo con Toledo, ya que la misma no solo es pariente político, sino también la acusadora en el caso de violencia. Estas grabaciones hizo Quiroga con autorización judicial a pedido de la fiscala Sonia Pereira para que sirvan en un juicio oral y público.
“Le podés decir a tu abogado que como para que no sea muy frío, en vista que los menores necesitan viajar, por lo que el monto de G. 40 millones es para cubrir los gastos del pasaje… Podés poner así para que no sea muy como que se está negociando fríamente”, se escucha decirle al denunciante, en uno de los audios presentados contra Toledo.
Estas grabaciones obran en manos de la Fiscalía que probarían el hecho de extorsión.
Tanto Milciades Toledo como Beatriz explicaron que en cuanto a la cámara Gesell, todo estaría arreglado. Incluso, se escucha al abogado hablar con Quiroga de planificar para que los niños no hablen mucho cuando les entreviste el sicólogo.
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La fiscala Pereira –recusada– dijo que ella incautó el dinero previamente fotocopiado y autenticado por la jueza y que está grabado y filmado el hecho. La investigación, tras la recusación del abogado Toledo, pasó en manos de la fiscala Miriam Rodríguez, quien también fue recusada por el denunciante, Mario Quiroga, “por direccionar en su contra la investigación”.
Gremios piden auditoría
Gremios de abogados de diferentes ciudades del Departamento Central enviaron una nota a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, manifestando su repudio contra la actuación de la fiscala Sonia Pereira, de Luque. Afirmaron que no respetó la presunción de inocencia del abogado Milciades Toledo, hoy imputado por extorsión. Sin embargo, la representante del Ministerio Público alegó que hay evidencias que hacen presumir el hecho.
Según la nota del Colegio de Abogados de Luque, el abogado y las otras dos personas, “de víctimas pasaron a ser procesadas”. Sostuvieron que la imputación fue “apresurada, antojadiza, mediática y sin ningún tipo de análisis jurídico previo de las pruebas”.
Finalmente, solicitaron a la fiscala general, que la causa sea auditada en cuanto a la intervención de la fiscala Pereira.
