Una nueva sesión extraordinaria se convocó para hoy a las 10:00 en la Junta Municipal de Asunción, luego de dos sesiones canceladas por falta de cuórum entre el miércoles y el jueves.
Ninguna sesión contó con los números necesarios para efectuarse en parte debido a la oposición de los concejales de Patria Querida (PPQ) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que manifestaron estar en contra de tratar un contrato colectivo en pleno periodo electoral y, además, con beneficios que pueden afectar la salud de las finanzas municipales.
Tanto el miércoles como el jueves, además de la oposición de los ediles del PPQ y PLRA, se registraron llamativas ausencias dentro del oficialismo. Los ediles colorados César Escobar y Karina Acuña no asistieron de forma consecutiva y hoy finalmente se presentaron. Esta situación explica el hecho de que no se dieran los números en las sesiones anteriores, aunque los ediles manifestaron, por su parte, en entrevistas con Última Hora, que no están en desacuerdo con el contrato colectivo como tal.
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A la nueva jornada convocada para este viernes, asistieron nuevamente funcionarios que integran los principales sindicatos de la Municipalidad, Sitrama, Sinoema y Simuca. Antes del inicio de la sesión, los funcionarios abuchearon nuevamente al edil Álvaro Grau (PPQ), a quien le lanzaron ofensas y buscaron interrumpirlo en reiteradas ocasiones, al momento de sus intervenciones durante la sesión extraordinaria.
Muy por el contrario, a la hora en que ingresaron los concejales colorados, se oyeron vítores y gritos de aliento. Los funcionarios que integran los sindicatos presionan desde el miércoles por el ingreso del documento para su tratamiento y aprobación.
El jueves, ante la falta de cuórum, tomaron el área de Recaudaciones de la Municipalidad y marcharon en los alrededores como medida de presión. Hoy dejaron la Junta sin provocar incidentes luego de que se derivara el contrato la Comisión de Legislación.
Durante la sesión de hoy, Grau reclamó que el presidente de la Junta Municipal, Arturo Almirón, derivara el documento directamente a Legislación sin habilitarle el micrófono ni darle la palabra. El edil aseguró que se anotó previamente para expresar su moción de devolución, pero que esta no fue considerada.
Tras distintas intervenciones por parte de ediles oficialistas y de la oposición, que manifestaron su apoyo a Grau, se pusieron a consideración dos mociones; la de Grau de devolución a la Intendencia, y la del edil Mariano Cáceres (ANR-HC), de remitir el documento solamente a la Comisión de Legislación.
Con 15 votos contra 7, la moción de Cáceres prosperó lo que motivó el apoyo de los funcionarios sindicalizados, entre los cuales se encontraba Alberto Gaona, líder de Sitrama. El funcionario, como un niño travieso, comenzó a hacer gestos ofensivos y burlones detrás del lugar de Grau.
Votaron por el envío a la Comisión: Juan Carlos Ozorio (ANR-HC), César Escobar (ANR-HC), Marcelo Centurión (ANR-HC), Rosanna Rolón (ANR-disidente), Jesús Lara (ANR-disidente), Juan José Arnold (ANR-disidente), Miguel Sosa (ANR-HC), Gabriel Calonga (ANR-HC), Javier Pintos (ANR-HC), Daniel Ortíz (ANR-HC), Karina Acuña (ANR-HC), Carlos González (ANR-HC), Arturo Almirón (ANR-disidente), Nasser Esgaib (ANR-HC) y Mariano Cáceres (ANR-HC).
Por la devolución a la Intendencia, votaron Álvaro Grau (PPQ), Jazmín Galeano (PPQ), Paulina Serrano (PPQ), Pablo Callizo (PPQ), Humberto Blasco (PLRA), Félix Ayala (PLRA), Ramón Ortiz (PLRA). Se ausentaron Augusto Wagner (PLRA) y Fiorella Forestieri (PLRA).
Presidencia recurrió a “chicana” contra la oposición
Para el concejal Humberto Blasco (PLRA), la situación que se dio durante el tratamiento del mensaje ingresado a la Junta fue “una desvergonzada chicana para evitar que la oposición siente posición sobre este tema”.
“Cuando uno se anota en la lista de oradores, ya está interponiendo un recurso para que se tenga en cuenta antes de someter a votación. Pero es una chicana recurrente de parte de la Presidencia, hacer votar antes de desarrollar la exposición de lo que se encuentra anotado en la lista de oradores. (...). Y ya dieron por aprobado sin permitirnos sentar nuestra posición sobre este asunto, que es absolutamente legítimo y legal”, dijo el edil.
Aseguró que no corresponde que esta administración saliente decida sobre el contrato colectivo porque carece de legitimidad. “Las autoridades que estamos en salida ya carecemos de legitimidad para tratar estos asuntos y sobre todo para comprometer el futuro de la Municipalidad, sobre todo presupuestario y financiero”, observó.
Explicó que la propuesta promovida por Grau no era de oposición al contrato, sino de devolución para que las nuevas autoridades, que asuman tras las elecciones del 4 de octubre, “revisen y se sienten a negociar conforme a la propuesta política que va a ser sometida a consideración del pueblo”.
Candidatos de Camilo buscan “salvarse” manipulando a trabajadores
Tras la aprobación del ingreso del documento a la Comisión de Legislación, el concejal Grau aseguró que la aprobación del nuevo contrato “va a terminar de sepultar el presupuesto municipal, que hoy ya es delicado”.
“La finanza municipal está en una situación de terapia intensiva. Hace días atrás nomás la Municipalidad no pudo cumplir con la renegociación que había hecho con esta casa de bolsa a la cual se le dio un montón de dinero. A las cajas de jubilados no se les está pagando y ahora se termina por comprometer más el presupuesto municipal para el año que viene”, expresó Grau ante los medios de prensa.
Recordó que el contrato actual “no se está cumpliendo” y que los concejales que están en busca de la aprobación del documento, buscan “salvarse políticamente” y “manipularle a los funcionarios para que salgan a votar el día de las elecciones, porque es mentira que la Municipalidad va a poder cumplir con estas obligaciones”.
Entre los concejales que se candidatan con Camilo Pérez, y que actualmente ocupan un lugar en la Junta Municipal, se encuentran Miguel Sosa, Nasser Esgaib, Marcelo Centurión, César Escobar, Jesús Lara, Mariano Cáceres, Gabriel Calonga, Karina Acuña y Javier Pintos. La mayoría de estos ediles son leales a la administración de Bello y aprobaron los préstamos y balances de Óscar Nenecho Rodríguez, pese a las irregularidades evidenciadas por la intervención.
“Lo que están haciendo es manipular y trabajar sobre la necesidad de los funcionarios, que las tienen. Pero en cinco años, estos líderes sindicales jamás se acordaron de venir a pedir uniformes, de venir a exigir zapatones, mejores condiciones de trabajo. Cuando desaparecieron los G. 500 mil millones, jamás se acordaron de venir a exigir de que haya un buen manejo de las finanzas municipales, de la cual ellos viven todos los meses”, criticó Grau.
Añadió que el daño a la Comuna, ante los beneficios prometidos con el contrato colectivo, es “incalculable”, y recordó que el documento contempla una bonificación de hasta el 100 % del salario mínimo legal para los funcionarios con 40 años de antigüedad. “No sabemos cuántos funcionarios tienen esa antigüedad, entonces realmente ni ellos lo calcularon esto, ni agarraron la calculadora para hacer este análisis”.
Grau también aseguró que solicitó la remisión del documento a la Comisión de Asuntos Sindicales, aunque señaló que solo se resolvió enviarlo a Legislación, presuntamente porque el presidente de Asuntos Sindicales es un opositor, en este caso el concejal Ramón Ortíz (PLRA).
Edil colorado cuenta que hubo intenciones de aprobar el contrato sobre tablas
El edil César Escobar explicó a Última Hora que el motivo de su ausencia entre el miércoles y el jueves, se debió a que existían “intenciones” de “tratar sobre tablas el asunto del contrato colectivo”. “En eso yo no estaba de acuerdo, que se trate sobre tablas. (...) Había una intención de algunos sectores. Yo no puedo individualizar. Entonces, para evitar el tratamiento sobre tablas, no me presté a ello hasta conversar con los sectores interesados”, contó el concejal.
Añadió que tras la visita de “las cabezas del sindicatos”, durante el día jueves, resolvió asistir a la sesión del viernes. “Yo les dije: Estoy para hacer quórum si el tema se va a enviar a Comisión, porque en Comisión es el escenario donde se debe estudiar el asunto para luego asumir una postura a favor o en contra”, recordó.
Consultado sobre la posibilidad de que se dé regularmente la aprobación sobre tablas de un documento, Escobar respondió que “cuando hay un criterio que asume una mayoría, uno puede encontrarse con una salida conveniente o el criterio que tiene la mayoría”.
“Vi la oportunidad para no hacer cuórum, entonces elegí ese camino y cuando tuve el compromiso de que se iba a enviar a Comisión para estudiar el tema en un escenario donde todos tenemos oportunidad de leer con tiempo, entonces sí formé parte”, aseguró.
La concejala Karina Acuña, por su parte, respondió que ella estuvo de “reposo” el miércoles y que el jueves por la tarde retomó sus “actividades políticas partidarias”. Negó que ella no estuviera de acuerdo con la aprobación del contrato y afirmó que todos los sindicatos serán incluidos para analizarlo.
Acuña también negó que exista un trasfondo político detrás de la aprobación del contrato en pleno periodo electoral. “En absoluto. No fue así. Pueden decir todo lo que quieran. Cada uno es libre de decir lo que quiera. No fue y no va a ser así”, respondió.
Del mismo modo, César Escobar respondió que el proceso de negociación del contrato inició en enero y formó parte “de un proceso tradicional común”.
Pago de beneficios dependen de disponibilidad presupuestaria
En entrevista con Radio Monumental, Jorge Sabaté, asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, aseguró que los beneficios contemplados en el contrato colectivo, se pueden cumplir si se cuenta con disponibilidad presupuestaria. Contó que durante la negociación del contrato, los funcionarios de Hacienda vieron “lo que se podía eventualmente llevar adelante, o no, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria”.
"(Hacienda) dijo que eventualmente, en el caso de tener recursos, se puede llegar a esos números establecidos en el contrato colectivo, en el caso de que exista la disponibilidad presupuestaria, eso es lo que dice el informe técnico y por eso se llevó adelante esto”, respondió Sabaté.
El abogado aseguró que el contrato “reconoce derechos ya adquiridos” que previas administraciones “no cuestionaron” y que se venían “en la práctica llevando adelante”. Entre estos derechos, identificó como ejemplo “el beneficio por títulos”, la atención médica y la seguridad en el trabajo.
Beneficios contemplados en el contrato
En la cláusula 57 del contrato en estudio, se indica que “la administración recompensará al funcionario público municipal, (...) bajo la modalidad (de) jornalero que acredite título universitario con un mínimo de cuatro años de duración, o de nivel técnico similar, (...) que requiera un mínimo de dos años de duración”, de la siguiente manera:
Se pagará un 65 % (G. 1.979,000) del salario mínimo legal vigente como recompensa por el título universitario de 4 años de duración, mientras que por el título de nivel técnico, de mínimo de 2 años de duración, se pagará el 35 % (G. 1.065.000) del salario mínimo legal.
En la cláusula 78 del documento, se indica –por otro lado– que la administración “otorgará mensualmente el 13,5 % (G. 398.000) del salario mínimo legal por subsidio médico al funcionario público municipal”.
En cuanto al haber de retiro por jubilación, se refiere en la cláusula 72 que “cuando el funcionario nombrado renuncie al cargo por reunir los requisitos para la jubilación, percibirá de la administración, en concepto de haberes de retiro, veinte (20) salarios, calculados sobre el último salario percibido por el afectado, incluyendo bonificación por título al momento de la renuncia para acogerse al beneficio”.
