El artículo 106 de la Constitución refiere que “ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad” y que “en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de este a repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto”.
El artículo 276 de la Ley Orgánica Municipal, por otro lado, expresa que “los miembros de la Junta serán personalmente responsables con sus bienes, conforme a las leyes civiles y penales, por los perjuicios ocasionados a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por actos y operaciones, cuya realización autoricen en contravención a las disposiciones legales vigentes, salvo aquellos que hubieren hecho constar su voto en disidencia en el acta de la respectiva sesión o los ausentes con permiso previo”.
En una entrevista con Última Hora, la abogada Rosa Vacchetta aseguró que la Junta Municipal es tan responsable como la administración de Nenecho del descalabro financiero que actualmente perjudica al Municipio.
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Subrayó que la Constitución responsabiliza con sus bienes personales a los funcionarios públicos que durante su mandato ocasionen un daño patrimonial a la institución.
“Y esto quedó reglamentado para los municipios en la Ley Orgánica Municipal, que dice que tanto el intendente como los concejales deben devolver con su peculio personal el daño patrimonial que se demuestre en el Municipio”, señaló.
Recordó que el desvío operado por Nenecho no es el único acto ilegal que puede atribuirse a su gestión. Mencionó que también se debe recordar que hay obras que nunca empezaron, como la del mirador en Itá Pytã Punta y la revitalización de la Estación de Buses de Asunción.
Apuntó que la deuda por los bonos alcanza casi G. 2 billones y que además de esto se deben tener en cuenta las deudas históricas a los acreedores, las deudas con los jubilados, y los intereses acumulados por los préstamos aprobados por la Junta.
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La Municipalidad adeuda más de G. 29.000 millones a proveedores de servicios, mientras que las deudas vencidas más las que corresponden al préstamo solicitado por Nenecho, en 2024, alcanzan más de G. 155.000 millones, según datos extraídos del informe final de la intervención a cargo del economista Carlos Pereira.
“Es de una irresponsabilidad enorme lo que están haciendo. Pero hay que cobrarles, porque si no, ¿quién va a quedar pagando la cuenta si es que ellos no devuelven? Tienen responsabilidad civil, tienen responsabilidad penal. Tomemos estos dos artículos, el 106 de la Constitución y el 276 de la Ley Orgánica Municipal, y hagámosles devolver el daño patrimonial que se demuestre en el Municipio”, aseveró.
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El artículo 9 de la Ley 317 de la intervención indica que la Cámara de Diputados “podrá resolver por mayoría absoluta la destitución del Gobernador o del Intendente Municipal y en su caso de los Miembros de las Juntas Departamentales o Municipales, en base a las causales establecidas en la presente Ley”.
El ex concejal Federico Franco Troche consideró que con la renuncia de Nenecho “se cortó la posibilidad de que la Cámara de Diputados destituya tanto al intendente como a (miembros de) la Junta Municipal”.
Troche indicó que la Junta no hace precisamente una auditoría de los procedimientos que lleva a cabo el Ejecutivo municipal a la hora de aprobar, por ejemplo, una ejecución presupuestaria. Aseguró que la Junta “puede hacer su descargo, en el sentido de que aprueba lo que el intendente presente”.
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“El interventor (en su informe final del proceso de intervención) hace una evaluación en alguno de sus párrafos de que los asientos contables que presenta el intendente no responden claramente a la situación patrimonial de la Municipalidad. Entonces, también la Junta puede haber sido engañada”, consideró.
Añadió sobre este punto que para analizar la responsabilidad de la Junta, se debe hacer “un análisis más fino” y también darle continuidad al proceso de intervención, “de manera que esto incluya eventualmente la destitución de los concejales”.
Al no darse nada de esto debido a la interrupción que supuso la renuncia de Nenecho, Franco Troche afirmó que la situación amerita una mejor redacción de la Ley de la intervención, puesto que “no es muy clara en relación con que los concejales puedan ser destituidos por estos casos”.
“La gran mayoría de los datos que otorga el interventor tienen que ver con la mala administración del Ejecutivo municipal; no hace tanto énfasis en la Junta Municipal, salvo mencionar que hay responsabilidades por parte de los concejales al aprobar la ejecución presupuestaria”, dijo Troche tras la lectura del informe final.
El ex concejal recordó que el pedido de intervención se hizo por medio de la Contraloría General de la República, por lo cual se configuró como un caso atípico, ya que generalmente los pedidos de esta naturaleza deberían provenir de la denuncia de la propia Junta Municipal.
“Lo único que refiere la ley de intervención es a la desintegración de la junta. En caso de desintegración, y que no es este caso, se puede proceder a la intervención y luego llamar a elecciones para la reconstitución de la Junta Municipal. Pero no es el caso”, recalcó.
Indicó, sin embargo, que sí es posible que en el ámbito penal surjan responsabilidades penales por parte de los concejales que estuvieron involucrados en la aprobación de los balances que ya exponían indicios del desvío ilegal de los G. 500.000 millones.
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“Eso es lo que se va a tener que definir en la Fiscalía y eventualmente es la que pudiera sancionar a futuro, no solamente con una sanción desde el punto de vista penal, sino que también inhabilitando a ocupar cargos públicos a futuro, entre otras disposiciones que puedan surgir de la Justicia”, expuso.
En el artículo 2 de la Ley de la intervención, se menciona que las intervenciones podrán realizarse “en razón de grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de los bienes” y por “mal desempeño de sus funciones o graves indicios de delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos por parte de gobernadores o intendentes municipales”.
Franco Troche reiteró que entre las sanciones se puede exigir la restitución del daño patrimonial. Esto atendiendo a que la Ley Orgánica Municipal establece la responsabilidad personal de los concejales y de los administradores del dinero público en caso de la comisión de delitos en contra del patrimonio público y la responsabilidad subsidiaria del Estado.
“Cuando se refiere a responsabilidad personal es que responde con sus bienes. La responsabilidad subsidiaria es que en caso de que el concejal o la persona afectada no tuviera condiciones de reponer lo desviado, el Estado, en este caso la Municipalidad, es responsable subsidiaria”, aclaró el ex concejal.
