El gremio hace referencia hacia las conversaciones extraídas del teléfono del diputado Eulalio Lalo Gomes, que revelan un aparente esquema de corrupción que salpica al Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Menciona que este hecho desnuda una preocupante falta de independencia en lo que respecta a la administración de la Justicia en el país.
En ese sentido, el comunicado señala que la ARP defiende la legalidad, el Estado de derecho y la seguridad jurídica, así como considera “inaceptable” la desnaturalización de las instituciones.
“Las pruebas divulgadas revelan negociaciones ilegítimas que afectan directamente a la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y otros delitos que golpean a nuestra sociedad”, menciona el gremio. En ese contexto, el gremio solicita una rápida, imparcial y exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público, sobre los hechos de corrupción denunciados, sancionando con el mayor rigor a los responsables. Además, piden la depuración inmediata de las instituciones implicadas, así como el mayor control ciudadano y acceso a la información.
“Es imperativo que las instituciones responsables actúen con firmeza y sin dilaciones para restaurar la confianza en el sistema de justicia. La ARP reitera su compromiso con la defensa de la legalidad y la transparencia, pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra nación”, expresa el comunicado.