La defensa del ex ministro de Obras Públicas y actual precandidato a presidente de la República por el movimiento disidente Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, presentó una recusación formal contra los agentes fiscales Yeimi Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva. El escrito alega una pérdida absoluta de objetividad por parte de los investigadores en el marco de la Causa Penal N° 4310/2018, que investiga presunta lesión de confianza relacionada con el proyecto Metrobús.
El argumento de la recusación se basa en la constatación de un patrón de actuación que se aparta de lo establecido en la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal. Según los abogados, el Ministerio Público convocó a una declaración indagatoria el 29 de agosto de 2025, fecha que ya superaba el plazo perentorio de la etapa preparatoria.
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Esta etapa había concluido formalmente tras una acusación fiscal previa y el dictado de un sobreseimiento provisional el 6 de marzo de 2025, el cual establecía un plazo estricto de un año para la incorporación de pruebas específicas. La defensa sostiene que intentar incluir nuevos sujetos y hechos tras el cierre de este periodo constituye una “reactivación indebida de una investigación fenecida”.
“La insistencia en impulsar actos investigativos sobre hechos prescriptos y fuera del marco habilitado por una resolución judicial firme evidencia no solo un grave error, sino una orientación acusatoria carente del equilibrio que impone el deber de objetividad. El Ministerio Público no puede sostener una hipótesis en abierta contradicción con límites temporales y funcionales impuestos por la ley y por decisiones jurisdiccionales firmes”, expresa el documento.
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La nota de recusación también destaca que la Fiscalía intentó introducir hechos vinculados a supuestas demoliciones ocurridas entre abril y mayo de 2020. La defensa argumenta que dichos eventos ya se encontraban prescriptos al momento de la convocatoria de agosto de 2025, al haber transcurrido el plazo máximo de cinco años previsto por la ley.
Asimismo, se cuestiona duramente la gestión de la agente Nathalia Silva, a quien se acusa de una “inactividad prolongada”. El documento señala que, desde la denuncia inicial presentada en mayo de 2018 por el ingeniero Hermann Pankow hasta finales de 2022, no hubo impulsos procesales significativos para determinar responsabilidades. Recién en febrero de 2023, casi cinco años después de la denuncia, se convocó a declaración al ex ministro Ramón Jiménez Gaona.
La defensa también menciona que la imputación fue objeto de trámite de oposición por parte del Juzgado Penal de Garantías, “señalándose expresamente que los hechos descriptos y la teoría del caso deben adecuarse específicamente a los tipos penales provisorios propuestos, observándose la falta de consistencia entre la base fáctica y la calificación jurídica”.
“La deficiencia estructural de la imputación, reconocida en sede jurisdiccional, confirma que la construcción de dicho requerimiento ha sido sostenida sin la rigurosidad exigida por el ordenamiento”, remarca el escrito.
