22 oct. 2025

Apelaciones destraba caso de Rivas y se debe fijar fecha de su audiencia

La Fiscalía deberá solicitar la abreviación del plazo, para que un juez fije fecha de la audiencia preliminar para el senador. El Ministerio Público había pedido su sobreseimiento provisional.

29125330

Investigado. El senador Rivas fue imputado por presentar supuesto título académico falso.

ARCHIVO

En la causa contra el senador colorado Hernán Rivas por supuesto título falso, finalmente, el Tribunal de Apelaciones no hizo lugar a la apelación que el legislador presentó contra la decisión del juez de darle hasta el 15 de agosto a la Fiscalía para que acuse o presente otro requerimiento. Con esto, queda firme esa fecha, aunque la Fiscalía ya había solicitado el sobreseimiento provisional.
Luego de devolverse en dos ocasiones la imputación contra Rivas, el pasado 8 de julio se admitió el escrito fiscal presentado por tercera vez, dando a la Fiscalía solo once días para acusar.

La fiscala Patricia Sánchez pidió al juez –mediante un recurso de reposición– rever esa decisión y el magistrado les dio entonces hasta el 15 de agosto para presentar el requerimiento conclusivo, fecha en que se cumplirían los seis meses desde que el senador fue desaforado.

Como esto fue apelado, y como la fecha no estaba firme, la Fiscalía termina presentando igual ese 19 de julio el pedido de sobreseimiento, solicitando que se le otorgue un año más para investigar a Rivas.

Ahora, la cámara confirma que corresponde que el 15 de agosto se presente el requerimiento, por lo que desde el Ministerio Público deberán pedir una abreviación del plazo y así el juez Penal de Garantías Miguel Palacios podrá fijar fecha de audiencia preliminar.

IMPUTADO. En un tercer intento de que se abra un proceso penal contra el senador Hernán Rivas, fue la fiscala adjunta Patricia Rivarola la que ratificó la imputación, confirmando que existen “suficientes elementos” que hacen sospechar la existencia de los hechos de uso y producción de documentos públicos de contenido falso.

Primero, el legislador presentó un certificado de estudios expedido el 12 de mayo del 2018 y un título otorgado por la Universidad Sudamericana el 9 de junio del 2020, los cuales supuestamente acreditan que cursó la carrera entre el 2010 y el 2015. Sin embargo, ambas documentaciones serían falsas, “puesto que no existiría ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de lo que ambos instrumentos certifican”, según Rivarola.

Ratificó que el 3 de julio del 2020, en la Cámara de Diputados Rivas fue electo como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y que para lograr esta designación, afirmó ser abogado, “cuando aparentemente no cursó la carrera”.

Pese a que ya era miembro del JEM, él ni siquiera tenía su matrícula de abogado, lo cual gestionó recién un año después. De estos documentos –el certificado de estudios y el título, aparentemente falsos–, Rivas se habría valido para estar en el Jurado hasta el 2023, e incluso presidir dicho órgano.

29125340

Patricia Sánchez, fiscala.

<b>Juró como presidente del JEM</b> <br/>El título –presuntamente falso– Rivas lo había adquirido el 9 de junio del 2020, y tres días después solicitó acceder a la matrícula de abogado, el cual obtiene el 7 de julio del año siguiente (2021). Al jurar, obtuvo su matrícula, la cual termina presentando ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, “para acreditar su calidad de abogado”, pese a que se sospecha que no cursó la carrera. Él culminó el periodo como miembro, representando a Diputados y, ya en el 2023, siendo senador, nuevamente es elegido por sus pares, pero para representar a la Cámara Alta. Lo más grave es que con esos documentos, él logró posicionarse como presidente del Jurado, siendo juez de jueces, pese a las dudas sobre la veracidad de su título.

Más contenido de esta sección
Por abusos sistemáticos ocurridos en el 2022 y el 2023, un docente fue llevado a juicio y terminó condenado, luego de probarse que era el responsable de haber vulnerado sexualmente a un menor de edad.
El pleno de la Corte Suprema ordenó que, en un plazo de 15 días, los jueces de Ejecución Penal de todo el país informen sobre la cantidad de condenados y los prófugos, a más de referir cuáles fueron las diligencias realizadas para hacer cumplir las penas privativas de libertad.
El juez de Ejecución de Cordillera, Juan Bautista Silva, dispuso de oficio la tutela jurisdiccional de carácter general a favor de las 651 mujeres privadas de libertad recluidas en el Complejo Penitenciario para Mujeres de Emboscada, conocido como COMPLE, porque no cumplen con las condiciones de privación de libertad. Les intimó a cumplirlas en 22 días hábiles.
Un motociclista falleció tras atropellar un montículo de piedras en un tramo en reparación que se encontraba precariamente señalizada, sobre una calle colectora de la Ruta PY07, en el kilómetro 101, en la ciudad de Minga Porá, Departamento de Alto Paraná.
El Tribunal de Apelación Penal ratificó la sanción disciplinaria impuesta al abogado Dionisio Gavilán por plantear recursos dilatorios en una de las causas contra los ex directivos de Mocipar, donde también está acusado el ex ministro Dany Durand. Deberá pagar G. 3.345.060.
Entre los llamativos documentos encontrados en un allanamiento de la semana pasada en una casa alquilada en Lambaré, hallaron papeles que corresponden principalmente a cinco empresas: Punto Hogar, Utopía, Activex, SR. Electrodomésticos Cells SA y Wireless, pero también hay de la firma Confort para el Hogar, denunciada por varias víctimas de la mafia de pagarés.