Nuevamente, el parpadeo de las luces y el sonido del aire acondicionado reiniciándose marcaron el ritmo de la semana en Paraguay. No pasa mucho tiempo antes de que los grupos de WhatsApp se inunden con las quejas de amigos, familiares y vecinos. Resulta una paradoja difícil de digerir: Habitamos un país que produce y exporta energía limpia en masa, pero que es incapaz de garantizar un servicio estable a su propia gente.
El desarrollo de una nación se mide por la solidez de su infraestructura básica. Hoy, esa estabilidad está en jaque, aunque existan sectores que prefieran cerrar los ojos ante la evidencia. Los cortes recurrentes no son simples imprevistos climáticos, son el síntoma visible de un déficit de inversión crónico que ha quedado rezagado frente a una demanda urbana e industrial que no frena. Si pretendemos dar el salto hacia la industrialización, el fortalecimiento de la ANDE debe dejar de ser una promesa de campaña para convertirse en una prioridad estratégica de Estado.
La ANDE debe ser una causa nacional. Mientras el calor no da tregua, la paciencia ciudadana se agota al mismo ritmo que la capacidad de los cables de alta tensión. Es momento de debatir con seriedad por qué la inversión estructural sigue siendo la gran asignatura pendiente de nuestra soberanía. Paraguay mantiene una de las tarifas más bajas de la región y aunque esto alivia el bolsillo inmediato, termina siendo un regalo envenenado: La institución lleva años operando con una salud financiera precaria que impide proyectar a largo plazo.
En última instancia, el “ahorro” de una tarifa política lo terminamos pagando con la moneda más cara: la falta de desarrollo y la oscuridad de cada apagón. Sincerar los costos a través de una tarifa técnica no es una medida antipopular, sino un acto de responsabilidad. No podemos pretender un servicio de primer mundo manteniendo un financiamiento de subsistencia; la energía más costosa es, sin duda, la que no se tiene.
Es cierto que se han hecho esfuerzos y que los balances de gestión hablan de una reducción en la duración de los cortes. Sin embargo, un colapso generalizado como el de la semana pasada borra cualquier avance en la percepción ciudadana. Pero cuidado, cuando decimos que la ANDE debe ser una causa nacional, la responsabilidad también nos alcanza. La “viveza” de las conexiones clandestinas, las cargas no declaradas y el uso ineficiente de la energía contribuyen directamente al colapso del sistema.
Para mejorar, el camino es estrecho y exigente. El sinceramiento tarifario –por más antipático que resulte– debe ser la vía para la recuperación, pero este esfuerzo ciudadano no puede ser un cheque en blanco.
Debe estar precedido, obligatoriamente, por el cobro de las millonarias deudas históricas que el propio Estado mantiene con la institución. Resulta moralmente inaceptable exigir un ajuste al usuario común mientras ministerios, entes públicos y grandes morosos del sector privado operan bajo un manto de impunidad financiera. Una reforma institucional profunda no solo implica cables nuevos, sino también una administración que tenga la fuerza política para cobrar a quien debe, saneando la caja de la ANDE antes de pedir un nuevo sacrificio a la gente.
Paraguay no necesita parches ni soluciones electorales, necesita un plan de inversión que supere los 5.000 millones de dólares en la próxima década para modernizar su red de distribución eléctrica. Sin ese capital, seguiremos siendo un gigante energético que vive a oscuras. La soberanía no se declama en discursos, se construye financiando la infraestructura que sostiene el futuro de un país.
No hay nada más inoportuno que, en el presente contexto, plantear un desarrollo –mediante la atracción de inversiones– utilizando como estrategia el combo perfecto para los inversores de “bajos impuestos, ubicación estratégica y energía regalada”. Es momento de que las autoridades escuchen a las voces técnicas que advierten que se viene lo peor.
