Las agrupaciones indígenas nucleadas en la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna exigieron mediante un comunicado frenar los casos de desalojo y denunciaron ser víctimas de constantes atropellos y violaciones a la Constitución Nacional y hasta a convenios internacionales.
“Ante esta situación denunciamos la persecución hacia la comunidad Hugua Po’i del Distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú, que cada día se encuentra en amenaza de desalojo de su tierra ancestral por parte de empresarios sojeros, acompañados por el Estado paraguayo, sus fiscales y jueces”, expresan los nativos en su escrito.
Asimismo, refieren que el Estado tiene la obligación de velar por los derechos y la protección de los Pueblos Indígenas, los cuales están garantizados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el país y establecido por Decreto 1039.
En ese mismo sentido, exigen al Gobierno respetar a las familias de la comunidad Hugua Po’i, que —aseguran— es desalojada para beneficiar a la empresa sojera Tres Palmas, mientras también solicitaron la derogación de la Ley Riera-Zavala, que criminaliza las invasiones de tierras.
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“Exigimos al Estado paraguayo la derogación de la ley Riera-Zavala por causar varios desalojos de las comunidades indígenas y campesinas, y por ser una ley para proteger extranjeros y no a los paraguayos. Exigimos la protección integral para las familias indígenas que están en la comunidad Hugua Po’i, brindando una solución inmediata a la situación y frenando el desalojo”, expresa finalmente el comunicado.
Desalojo a la comunidad Hugua Po’i
Este martes se concretó el desalojo de la comunidad indígena Hugua Po’i, que estaba ubicada en tierras que forman parte del territorio ancestral del Pueblo Mbyá. Se trata del segundo despido que sufren las 70 familias que integran el grupo de nativos en menos de un año, ya que el último caso se registró solo en noviembre del 2021.
Un oficial de Justicia, junto con unos 350 policías que portaban armas de grueso calibre, llegó hasta el lugar, a fin de proceder al desalojo de las humildes familias nativas del Departamento de Caaguazú.
Ante la cantidad de efectivos policiales y la amenaza contra la integridad de los miembros de la comunidad, los nativos comenzaron a movilizarse también al costado de la ruta.
Antes de proceder al desalojo, se desataron momentos de tensión entre el profesional del Derecho y los representantes de los indígenas, pero finalmente los afectados se retiraron del lugar de forma pacífica, a fin de evitar hechos que lamentar.
No obstante, los líderes del sector aseguraron que no se quedarán cruzados de brazos y que continuarán luchando por recuperar los territorios que —aseguran— les pertenecen, pese a que existen títulos que alegan pertenecer a un colono menonita.
Este desalojo ya fue denunciado también por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), señalando que la orden de desalojo fue emitida por el juez Wilfrido Ovelar Vera, quien ya no tiene competencia en la causa, y advierten que “se estará atentando contra una disposición constitucional que prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los indígenas”.
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Las organizaciones indígenas que están articuladas en la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna son la Asociación de Comunidades Mbyá Guaraní Ñogueroĩ Paveĩ, la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay, la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco, y el Clan Kuchingi Mairekoty.
La lista prosigue con la Coordinadora Indígena de Comunidades y Núcleos Urbanos, la Organización Nacional de Aborígenes Independientes, la Organización Nacional del Pueblo Guaraní, la Organización Nacional de Mujeres Guaraní del Paraguay - Kuña Guaraní Aty, y la Organización Kuña Guaraní.
Asimismo, la Organización Payipie lchadie Totobiegosode (OPIT), la Red de Veeduría Social Juvenil Indígena, la Coordinación de Líderes Urbanos, la Unión Juvenil Indígena del Paraguay y la Unión de Comunidades de la Nación Yshir.
