Según la propuesta impulsada en el Congreso del vecino país, el límite en el precio abonado dentro del mercado brasileño será de USD 12 por kilovatio (kW). Para el ingeniero Pedro Ferreira, ex titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la medida se podría interpretar como un tope a lo que resulte de las negociaciones del Anexo C.
“Si los Poderes Ejecutivos acuerdan en la negociación entre Gobiernos más que eso, (USD 12 kW), el Congreso brasileño no lo aprobará”, explicó.
Por otro lado, Fabián Cáceres, ex gerente de la ANDE, asegura que la tarifa de Itaipú se define de forma binacional, por lo que cualquier decisión legislativa no tendrá una incidencia directa sobre esta. No obstante, señaló que, a su entender, lo que se busca es que los gastos sociales no se carguen sobre la tarifa por energía.
Por su parte, el experto en energía, Victorio Oxilia, explicó que en caso de aprobarse ese proyecto de ley, ese techo de tarifa pasará a tener efecto interno obligatorio y obviamente eso será una directiva muy fuerte para la posición brasileña con relación a la fijación de la tarifa de Itaipú.
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“Una ley interna de Brasil ni de Paraguay tiene impacto directo y automático en la entidad. Sin embargo, para la estructura jurídica de Brasil ningún acuerdo internacional puede contradecir lo que dice la ley interna. Es decir, Brasil no podrá violar su ley en el ámbito de las negociaciones internacionales, cualquiera sea”, dijo.
El experto reiteró que de aprobarse la normativa, se establecería un tope para los brasileños, lo que a su vez se constituiría en una directiva “muy fuerte” para sus negociadores del Anexo C.
Proyecto de ley en comisiones
El proyecto de ley busca reducir los montos transferidos a los consumidores al limitar el precio al que la Sociedad Brasileña de Energía Nuclear y Binacional (ENBPar) revende energía en el mercado interno. La norma no aplica a la porción de energía que pertenece a Paraguay y se transfiere a Brasil.
La propuesta modifica la Ley 5899 de 1973 y está siendo analizada por la Comisión de Infraestructura (CI), bajo el informe del senador Laércio Oliveira (PP-SE). Posteriormente, se remitirá a la Comisión de Asuntos Económicos (CAE), responsable de la decisión final. De ser aprobada, podrá pasar directamente a la Cámara de Diputados, salvo que se presente un recurso de apelación para su votación en el pleno.
La propuesta de normativa planteada en el Congreso del Brasil se da en un escenario de preocupación ante posibles efectos del nuevo Anexo C sobre la tarifa que pagan los usuarios brasileños por la energía eléctrica.
Las negociaciones del Anexo C entre Paraguay y Brasil están suspendidas tras la revelación del espionaje realizado desde el vecino país sobre autoridades paraguayas.
