El fiscal Edgar Benítez realizó este jueves un allanamiento en un local rural ubicado en la compañía Capiíbary, de Itakyry, Departamento de Alto Paraná. Allí encontraron aproximadamente 18 contenedores detrás de la vivienda, donde se tenían las máquinas mineradoras de criptomonedas, que empleaban aproximadamente cuatro megas de energía eléctrica.
Los intervinientes procedieron a la incautación de los cuatro transformadores y los equipos de transmisión de la energía eléctrica. Algunos de los transformadores no poseían placa, lo que haría difícil la trazabilidad para determinar si se trata de equipos de la ANDE o si es particular.
El abogado Diego Fernández, vocero de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), informó que se constató una conexión directa que no tenía ningún tipo de medición y el uso masivo de la energía. El cálculo estimativo de los técnicos de la entidad estatal es de G. 40 millones por día, lo que en un mes equivale a unos G. 1.200 millones.
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Agregó que para proceder ante esta situación, se realizó la denuncia —por perturbación de servicios públicos y sustracción de energía eléctrica— ante la Fiscalía de Minga Porã y mediante una autorización de la jueza de San Alberto, se ingresó en la propiedad.
El propietario del inmueble fue identificado por el Ministerio Público, así como los representantes de la empresa que se presentaron durante el procedimiento. Los datos quedaron registrados en el acta de procedimiento.
Otro allanamiento en Coronel Oviedo
Agentes de la Policía Nacional —de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros— ejecutaron un allanamiento en Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, con el acompañamiento del fiscal de la Unidad 5, Gabriel Segovia, y personal de la ANDE, a cargo del asesor jurídico Víctor Montanaro.
El procedimiento se efectuó en cumplimiento al mandamiento de allanamiento firmado por el juez de Garantía 2 de Coronel Oviedo, César Narváez, sobre supuesto hecho de sustracción indebida de energía eléctrica.
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El fiscal dispuso la incautación de todos los generadores de energía, como así también las mineradoras de Bitcoin (criptomonedas), las cuales serán objeto de investigación con respecto a su procedencia y los responsables del mismo.
Según el asesor de la ANDE, esta situación provocaría un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 4 mil millones desde su funcionamiento. El lugar en mención queda bajo custodia policial hasta que se retiren todas las evidencias y artefactos.
