Los candidatos a contralor y subcontralor expusieron en un día más de audiencias públicas en el Senado para escuchar sus propuestas. El próximo jueves el proceso culmina y se analizarán oficialmente las postulaciones para desechar las que no son compatibles.
Sin embargo, parte de ese proceso comenzó con las evaluaciones de sus legajos. Este lunes expusieron nueve de los candidatos y uno de ellos comentó que le precede una causa en la Justicia en la que fue imputado, aunque fue sobreseído, por lo que, indicó, se demostró que no es culpable.
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Se trata de Fernando Jhoni Báez Santacruz, quien expuso que fue sobreseído “cuatro veces”. Fue gerente financiero de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), y se le abrió en 2019 una causa por lesión de confianza. El perjuicio patrimonial era de G. 3.009.722.018.
Indicó que fue perseguido y por eso tuvo que enfrentar a la Justicia, se comparó incluso con el senador Javier Zacarías Irún, quien presidía las audiencias públicas como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Báez es síndico número uno del Partido Colorado y fue tesorero y administrador de campaña de Honor Colorado.
Expusieron también este lunes Julián Fernando Domínguez, funcionario del Senado que se desempeña como asesor jurídico en la Dirección de Talento Humano; Luis Enrique Franco Bobadilla; Darío Araújo Prieto; Julio César Mendoza Aquino; Liz Torres Laconich; Ariel Edmundo Gallardo Espínola; Angélica Ortiz y Jorge Miguel Ayala López. No se presentó Jacqueline Manuela Ramírez de Méndez.
El tema destacado durante la audiencia fue la crítica a que la Contraloría llega posteriormente al hecho consumado de corrupción. Aunque deben hacerse en tiempo real, indicaron varios de los candidatos.
El senador liberal Dionisio Amarilla reconoció este hecho y sostuvo que esa falta de control es porque no se cuenta con infraestructura.
Uno de los candidatos, Ayala López, por su parte, dijo que tiempo atrás incluso presentó denuncias como ciudadano por casos de corrupción, pero no tuvieron efecto ni en el Ministerio Público ni en la Contraloría.
