“Ante todos estos hechos, amenazados y preocupados por la impunidad con que accionan los criminales ambientales en San Rafael, nos vemos obligados a poner en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional el siguiente comunicado”, sostiene un texto difundido este viernes por la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza.
La organización ambientalista se pronunció en nombre de su Comité Paraguayo y de varias otras organizaciones nacionales que forman parte de la UICN.
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En el documento señalaron que hacen responsables a las autoridades locales de la depredación de los recursos naturales “del último y más extenso remanente de Bosque Atlántico que alberga la mayor biodiversidad del país y donde nacen los recursos hídricos más importantes del país y una de las áreas de recarga del Acuífero Guaraní”.
Asimismo, denunciaron “actos ilícitos” que atentan persistentemente contra los recursos naturales de la zona de la reserva, citando actividades ilegales como tala indiscriminada, rollotráfico y fabricación de carbón vegetal a gran escala.
Alegaron que dentro de los bosques se observan grandes manchas deforestadas cultivadas con marihuana, y un incremento de tala en los bordes del área protegida, pese a una normativa de desforestación cero, aumentado los cultivos de renta, incluso en las comunidades indígenas.
Incluso, denunciaron invasión por supuestos campesinos sin tierras, con nuevas áreas abiertas dentro de los territorios de San Rafael.
La UICN urgió la atención de las autoridades para su conservación. Solicitó la inmediata presencia del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Instituto Forestal Nacional (Infona), Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Instituto Paraguayo del Indígena, Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), y de fuerzas del orden.
Asimismo, exigió al Ministerio Público que tome acciones de oficio ante los hechos denunciados, y solicitó incluir en el Presupuesto General de la Nación los recursos necesarios para la adquisición y/o expropiación de las tierras indígenas que alberga la Reserva San Rafael, habitadas por comunidades mbya guaraní.
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En el marco del Operativo Integración 1, organismos de combate a las drogas de Paraguay y Argentina procedieron en setiembre del año pasado a la destrucción de 100 hectáreas de cultivos de marihuana dentro del área boscosa, que fueron descubiertos gracias a un sistema de geolocalización.
Los trabajos en ese entonces duraron 10 días y fueron los esfuerzos realizados por el Ministerio de Seguridad de Argentina, la Gendarmería del vecino país y la Senad. Se constataron varios campamentos y tecnología para la producción y desarrollo de marihuana.
