El titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana, manifestó que no quieren ensañamiento con los correligionarios. Cuestionó que no se investiguen las denuncias contra la Municipalidad de Asunción, a cargo de Mario Ferreiro, y la supuesta quema de archivos en Encarnación.
En ese sentido, aseguró que no están a favor de la impunidad. Incluso, afirmó que acompañarán los pedidos de intervención, pero toda vez que haya un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR).
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Además, recomendó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que no se deje engañar por “falsos profetas de la democracia”. Aseguró que la oposición solo quiere la extinción del Partido Colorado.
Sin embargo, afirmó que desde 2008 a 2013, durante la gestión de Fernando Lugo, destituido vía juicio político, y Federico Franco, hubo también robo a las arcas del Estado, pero que ninguno fue a la cárcel.
“Queremos justicia para los correligionarios”, agregó.
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Por otro lado, Alliana felicitó al líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, por hacer todo el esfuerzo por unir a la ANR. Señaló que la bancada de HC apoyó en varios proyectos al presidente Mario Abdo Benítez.
Intendentes en la mira
El pasado 2 de octubre, la Junta Municipal de Ciudad del Este aprobó intervenir la gestión de la intendenta Sandra McLeod, por presunto enriquecimiento ilícito.
El pedido llegó a la Cámara de Diputados el 11 de octubre, y este martes se debe definir la intervención a la Comuna administrada por McLeod.
También el 2 de octubre, los concejales de Limpio autorizaron la investigación a la administración de Carlos Palacios. Alegaron supuesto daño al patrimonio público por parte del jefe municipal.
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Los ediles de Humaitá votaron por la intervención de la Municipalidad, administrada por Víctor Bordoli. La Junta Municipal señaló la supuesta existencia de una malversación de más de G. 2.000 millones.
En la ciudad de Puente Kyjhá los concejales municipales están divididos para solicitar la medida a la gestión del intendente Ariel Araujo. Alegan una serie de irregularidades, como la falta de adjudicación de la merienda escolar.
