Una comisión de adultos mayores de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, decidió cerrar rutas a partir del próximo fin de semana a fin de presionar al Gobierno para el cumplimiento de la ley de pensión alimentaria en forma universal, sin considerar el índice de calidad de vida (ICV) como parámetro.
La comisión se reunió este sábado en el predio de la Parroquia San Isidro Labrador, en pleno centro de la ciudad. En el encuentro, varios participantes repudiaron el sistema utilizado para acceder al beneficio estatal y se despacharon contra los censistas enviados por el Ministerio de Hacienda, acusándolos de supuestamente recibir coimas para posibilitar que califiquen como beneficiados a quienes no necesitan.
Roberto Paniagua denunció públicamente que los censistas supuestamente reciben dinero en efectivo para hacer constar el ICV en el rango requerido en el censo, para que personas que no necesitan realmente el subsidio, accedan a este beneficio.
“Los censistas no permiten acompañantes para llegar a las viviendas, ellos nomás llegan porque le ponen dinero bajo las cédulas. Supongámosle, vos estás bien económicamente y no estás necesitado, yo soy el censista y me pasás el dinero bajo la cédula y te pongo el bajo nivel de vida, porque lo que escribe el censista es lo que se tiene en cuenta” refirió Paniagua.
Sobre el punto, el hombre aseguró que las sumas de las supuestas coimas ascienden en algunos casos hasta G. 500.000.
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Esta situación, así como el hecho de que el ministro de Hacienda, Benigno López, no recibió a una comitiva de adultos mayores liderada por el intendente municipal Nelson Martínez, generó la reacción de la comisión.
El vicepresidente de la organización, Valerio Molinas Maldonado, anunció que cerrarán de forma intermitente la ruta PY03, a la altura de la rotonda de acceso a Curuguaty.
El dirigente precisó que existen unos 470 adultos mayores que reclaman la pensión y varios otros casos que deben ser aclarados para que puedan cobrar la pensión mensual. Recalcó que exigen la universalidad del subsidio.
Por su parte, el abogado Ricardo Vargas, asesor ad honoren de la comisión, dijo que con la nueva ley se elimina el censo y se dispone la inscripción automática de todas las personas que cumplan 65 años de edad en las secretarías de las municipalidades.
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Sin embargo, el profesional del derecho aclaró que la normativa establece condicionamientos, como no ser jubilado o pensionado del Estado, no poseer ganado mayor a 30 animales y no tributar con un ingreso mayor a dos salarios mínimos.
