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Admiten imputación contra miembros del clan Ferreira

El juez José Agustín Delmás admitió este martes una nueva imputación en el caso Imedic, donde están Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, responsables de la firma Imedic. Todos fueron citados para una audiencia de imposición de medidas.

El magistrado admitió la imputación contra Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otras cinco personas, por los supuestos hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

La nueva imputación surge de las investigaciones por el supuesto ingreso ilegal de medicamentos de origen hindú.

El juez Agustín Delmás citó a los imputados para el 29 de julio para la audiencia de imposición de medidas cautelares, informó el periodista de Última Hora, Raúl Ramírez.

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Para el Ministerio Público existen indicios suficientes para hablar de eventual esquema delictivo para la comisión de un fraude al Estado paraguayo, según los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia.

Justo Ferreira es procesado en su carácter de apoderado de la Firma Insumos Médicos S.A., y de las Firmas Metaway S.A. y Glasgow S.A., las cuales también son accionistas de Insumos Médicos. En tanto, Patricia Ferrería en carácter de representante de la firma citada.

También están procesados en esta causa Carlos Alberto Gamarra González (despachante de Aduanas), Guillermo Andrés Molinas Camp, Gustavo Adolfo Acosta Acosta y Mario Joel Olmedo Pacua, por la comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y contrabando.

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En el ojo de la tormenta

La firma está en el ojo de la tormenta desde las denuncias de irregularidades en torno a la importación de insumos esenciales para el Ministerio de Salud ante la emergencia por el coronavirus.

La empresa entregó dos lotes de insumos médicos traídos de China que fueron recepcionados en un principio en el Parque Sanitario, pero luego fueron rechazados por Salud Pública, conforme a mecanismos legales.

Un informe de la Contraloría General de la República señala que la licitación estaba viciada de irregularidades desde su inicio, por lo que Salud procedió a anular los contratos.

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