10 jul. 2025

Acuciante problema alimenticio sin respuestas gubernamentales

El problema de la producción de la agricultura familiar vuelve a estar en el centro debido a los bajos precios pagados a los productores, mientras que los precios altos se mantienen para los consumidores. La falta de caminos de todo tiempo para el acceso a mercados y de infraestructura para la producción y el contrabando son los problemas actuales, agravados por la crisis climática. A pesar de los reclamos de productores y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos reales de la mayoría de la población, las autoridades a cargo del problema permanecen insensibles a la hora de implementar soluciones.

En 2022 existían 213.912 fincas que corresponden a tres categorías: De una a cinco hectáreas; de cinco a diez hectáreas y de diez a veinte hectáreas. Esta cantidad es inferior a las 225.596 fincas halladas en el anterior censo realizado hace 14 años.

Además de la pérdida de tierras destinadas a la producción diversificada de alimentos para el consumo humano, el sector enfrenta terribles problemas de producción por la crisis climática y de comercialización por la falta de infraestructura y caminos.

Los conflictos por la tierra y la ausencia de políticas productivas impulsan también la migración hacia las ciudades que no cuentan con oportunidades de empleos. El aumento de los precios de los alimentos en las ciudades y el deterioro de la salud nutricional son otros problemas que afectan al sector.

La producción de alimentos debe ser fortalecida para que el mercado cuente con la oferta necesaria de los alimentos que conforman la canasta familiar. Estos ya venían sufriendo aumentos de precios importantes antes de la pandemia, por lo que la situación no debe ser atribuida a causas recientes.

El Ministerio de Salud desde hace años viene alertando sobre los problemas nutricionales de la población. El monitoreo al respecto en la población escolar muestra la persistente tendencia al aumento de peso de niños, niñas y adolescentes debido a la mala alimentación.

En parte, para subsanar este problema, los programas de alimentación escolar incluyen como componente principal a la educación alimentaria y nutricional. Por otro lado, el mismo Gobierno ya señaló que no existe suficiente oferta de frutas, verduras, hortalizas y otros alimentos básicos incorporados en el menú del programa Hambre Cero, por lo que dio a entender que será necesario aumentar más aún su importación.

La importación de alimentos no solo vulnera la seguridad alimentaria, sino que también presiona al tipo de cambio que ya está estresado, a pesar de las medidas implementadas por el Banco Central del Paraguay.

Adicionalmente, a las demandas del sistema educativo, se encuentran otras instituciones públicas que utilizan alimentos de la agricultura familiar, como los hospitales, las cárceles y los cuarteles. Es decir, no solo hay demanda por el consumo privado sino también público.

La inflación de alimentos sigue siendo alta y desde hace más de una década está reduciendo los ingresos laborales reales y presionando el aumento en los niveles de pobreza. Dados los bajos ingresos laborales de la población, la pérdida de capacidad adquisitiva afecta de manera importante a por lo menos el 80% de la población y de manera significativa al 25% de la población ubicada en los estratos de menores ingresos.

Es incomprensible que con toda la información con que cuenta el Gobierno sigan sin apoyar la producción y comercialización de alimentos provenientes de la agricultura.

Por un lado, no apoya la producción, y, por otro lado, deja que el contrabando avance destruyendo no solo los cimientos económicos del país, sino fundamentalmente los políticos. Las consecuencias del contrabando no se limitan a la competencia desleal; su mayor impacto está en la erosión de la institucionalidad debido a la corrupción involucrada.

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