Esta mañana, ante los jueces Juan Vicente Fretes, Juan Pablo Mendoza y Fabián Weisensee, se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares para la condenada Cynthia Ojeda Burgos, donde los abogados Daniel Garcete y Osvaldo Arrúa solicitaron el arresto domiciliario con la aplicación de la tobillera electrónica.
En la diligencia, los profesionales señalaron que la Ojeda Burgos fue violada en el lugar donde cumplía su reclusión por uno de los guardias. Además, que el pasado 17 de diciembre pasado, se constituyó un médico forense, que señaló que la mujer sufría un padecimiento mental, por lo que aconsejó tratamiento psiquiátrico.
Con ello, la defensa requirió el arresto domiciliario con la aplicación de las reglas de conducta, con el fin de cuidar su integridad física. Se ofreció incluso una caución real de parte de una persona solvente.
Además, adjuntó el dictamen del médico forense, a más de los documentos internos de la penitenciaría sobre los hechos denunciados.
Según los documentos presentados, el 12 de marzo de 2025, se realizó una entrevista con la directora del Penal del Buen Pastor, respecto a la investigación contra el funcionario Christian Fernández Ortiz, por supuesto abuso en el ejercicio de sus funciones contra una mujer recluida.
En el relato dice que Ojeda solicitó el test de embarazo, y que esto le llamó la atención porque no tenía visitas conyugales. Ante las consultas, la mujer señaló que tuvo relaciones íntimas con un funcionario con el que supuestamente hace meses tenía conversaciones.
Incluso, en la declaración, señala que se habló con el funcionario y este se hizo enteramente responsable de lo ocurrido.
Tras revisar los documentos, y el pedido, el Tribunal de Sentencia mantuvo la prisión preventiva de la condenada.
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Esto, debido a que existía peligro de fuga, ya que tenía una condena de 12 años de cárcel por homicidio doloso.
Además, los jueces apuntaron que el tener una tobillera electrónica no evitaba que se diera a la fuga, por lo que ratificaron la medida privativa de libertad de la mujer, que actualmente está recluida en el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE).
En la causa, Gregorio Papo Morales había sido condenado a 27 años de cárcel y 5 años de medidas de seguridad, por la muerte del joven Robert Fabián Marín. Su cómplice, Cynthia Ojeda Burgos, fue sentenciada a 12 años de cárcel.
El caso ocurrió el 23 de noviembre de 2020, en el barrio San Pablo de Asunción. Las imágenes del circuito cerrado instalado en las inmediaciones lograron registrar el momento en que Morales bajó de una camioneta blanca, abrió la puerta de un automóvil negro en el que estaba Marín y efectuó disparos con un arma de fuego. Luego volvió a subir a su rodado y se dio a la fuga junto a Ojeda.
