El abogado Ricardo Preda, defensor de Sandra McLeod, fue quien cuestionó duramente que la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Carolina Llanes, no dio lugar a un descargo por las supuestas irregularidades halladas en la administración.
“En el informe se adelantaron 27 irregularidades, pero desconocemos cuál es el contenido porque no se tuvo oportunidad de formular descargo, algo que es una garantía que tiene cualquier ciudadano. Este es un informe que se presenta sin la posibilidad de una defensa”, refirió en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
El letrado objetó la labor de Llanes bajo el argumento de que cualquier persona que realice una auditoría sabe que no debe presentar un informe hasta tanto se tenga un descargo del afectado. Explicó que únicamente de esa forma es que se pueden ratificar o rectificar los hallazgos.
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“En el caso particular de la ley de intervención, la intendenta nombra a sus representantes y ellos deberían conocer todo lo que la intervención alza como hallazgo. Los representantes de la intendenta manifestaron que en ningún momento Llanes les remitió alguna documentación”, sostuvo.
Asimismo, el abogado remarcó que la interventora nunca facilitó ninguna información a la defensa durante las investigaciones, pese a haberla solicitado en varias ocasiones.
Por otro lado, mencionó que su cliente debe asumir nuevamente su cargo hasta que la Cámara de Diputados determine o no la destitución.
Resultados de la intervención
La interventora Carolina Llanes remitió su informe final al Poder Ejecutivo el pasado sábado. En el documento se detallan 27 irregularidades en la administración de la colorada, en las cuales se consideran causales para iniciar el proceso de destitución.
En un principio se denunciaron 15 motivos para dar inicio a la intervención, entre ellos una supuesta malversación de fondos por valor de más de G. 36.000 millones e irregularidades en la ejecución de los tributos correspondientes a estacionamiento controlado en el microcentro.
Estos puntos fueron confirmados por la interventora, quien en su informe también reunió 12 nuevos elementos que hacen referencia a irregularidades. Llanes denunció que fue víctima de amenazas durante todo el proceso.
