El coronel Rubén Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, encabezó un procedimiento en el Pabellón “D” Alta, donde está recluido el empresario Alberto Koube, procesado por lavado de dinero y otros delitos en el marco del Operativo A Ultranza tras denuncias por supuestos privilegios.
El operativo se dio luego de la difusión de un video por parte del periodista Aníbal Emery –que también se desempeña como director de Comunicación del Ministerio Público–, en el que se observan comodidades como un amplio televisor, acondicionador de aire, heladera y otras comodidades en la celda del procesado.
Según el informe del coronel Peña, en el sitio se pudo observar la existencia de 54 celdas en condiciones similares a la de Koube, con dos personas como ocupantes en cada una, sin baños privados, algunas con mayor ventilación natural.
Sepa más: Allanan más propiedades vinculadas a Alberto Koube y lavado de dinero
Desde la institución, admiten que el procesado tiene electrodomésticos “de segunda mano” y que esta tenencia no representa una irregularidad, ya que está permitido en el marco de la Resolución Nº 3412/2025, según emitieron las autoridades a través de un comunicado.
Le puede interesar:Brasil rechaza la extradición del hermano de Sebastián Marset a Paraguay
En la publicación realizada por Emery, se menciona que Alberto Koube vive solo en la celda y desplazó del sitio a un interno que llevaba en el sitio alrededor de 12 años con la supuesta ayuda de funcionarios penitenciarios.
Denunció, además, que el empresario goza de otros privilegios, como visitas privadas en horarios no establecidos y reiteradas reuniones en su celda con autoridades del penal.
Vinculado a Sebastián Marset
Alberto Koube fue vinculado como socio comercial del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado, quien se había fugado durante un operativo realizado en el Paraná Country Club.
Tras su detención, la jueza Rosarito Montanía había dispuesto decretar la prohibición de innovar y contratar 19 inmuebles del grupo Tapyracuai SA. La mayoría de las propiedades fueron adquiridas en el periodo comprendido entre el 2010 y 2022.
La investigación apunta a que los bienes pertenecerían al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, apuntado como líder de la estructura ilícita y que se encuentra prófugo de la Justicia.