Este martes terminó de ordenarse una historia que llevaba meses escribiéndose en voz baja. El Gobierno de Santiago Peña anunció la salida de Carlos Fernández Valdovinos del Ministerio de Economía y Finanzas, una de las piezas centrales del equipo económico y uno de los funcionarios con mayor incidencia en la gestión fiscal.
Ni en la forma de su salida se logró unificar el relato oficial. El jefe de Gabinete, Javier Giménez, habló de “una decisión presidencial”, mientras el comunicado de la Presidencia de la República, en cambio, señaló que se aceptó su renuncia. Entre ambas versiones quedó expuesta una ambigüedad que acompañó los últimos días del ministro.
Las señales, sin embargo, venían acumulándose. El hasta hoy ministro lideró casi a solas el ordenamiento fiscal, con un carácter siempre frontal, irónico y de humor ácido. Su gestión era poco cuestionada hasta que ciertos debacles en las cuentas fiscales terminaron erosionando su administración.
Enfrentamientos con el propio Gabinete
Se caracterizó por contantes enfrentamientos entre sus pares y autoridades estatales; precisamente, en mayo del 2025 había hecho un estirón de orejas al ex presidente de Petropar, Eddie Jara, otro que se cortaba solo.
“Yo creo que es hora de que Eddie (Jara) se siente con su equipo a ver: ¿Qué le vamos a dar a la ciudadanía?”, apuntó el alto funcionario. En ese momento, el jefe de la cartera dijo que estaban dadas las condiciones para que la empresa estatal bajara sus precios. Dos semanas después, Petropar bajó efectivamente sus precios, aunque se aludió a que fue a pedido del presidente Peña.
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El esquema se repitió en otros frentes, pero fue en Obras Públicas donde las diferencias adquirieron mayor visibilidad. La relación con Claudia Centurión estuvo atravesada por el debate sobre cómo ejecutar el gasto: Priorizar financiamiento externo o recurrir a recursos locales. Mientras que su par apuntaba a la regla fiscal para seguir adelante con las obras de su cartea. Las discusiones se mantuvieron constantes hasta finales de año.
“Me parece inaceptable que existan recursos disponibles de préstamos, pero yo creo que hay una falla en la gestión, porque cuando se habilitaron los pagos a las empresas se priorizaron con fondos locales en lugar de priorizar los recursos que están afuera, eso fue una doble presión para nosotros porque precisamente fondos locales que vienen de los impuestos, por ejemplo, no existen mucho, yo creo que hay que corregir eso (...). Vamos a liberar esos USD 28 millones que tengo de fondos externos, me parece inaceptable que eso esté ahí, pero fue una decisión del MOPC, me parece una pésima gestión“, había expresado Fernández en diciembre último.
En paralelo, las empresas contratistas elevaban la presión por pagos pendientes, sumando un actor más a la escena, pero con una cercanía utópica con Centurión.
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En Salud, la gestión de María Teresa Barán, también enfrentaba cuestionamientos por compras fuera del presupuesto y reclamos por falta de insumos. Desde el equipo económico se insistía en revisar esos procesos en un contexto de restricciones fiscales.
Mientras tanto, el frente fiscal comenzaba a estrecharse. Desde agosto de 2025, los ingresos mostraban menor dinamismo y la liquidez se volvía un factor cada vez más determinante. El cierre del año dejó compromisos trasladados al 2026, en un escenario con menor margen.
La Caja Fiscal y la economía de guerra
En ese contexto, Fernández Valdovinos avanzó con la reforma de la Caja Fiscal. La iniciativa, presentada a fines de 2025 y en pleno receso legislativo, abrió un nuevo frente político. El Congreso modificó el proyecto y dejó en evidencia divergencias dentro del oficialismo, con un costo político que se fue acumulando.
Para comienzos de 2026, la presión se movía en varios planos. El sector empresarial reclamaba previsibilidad, la imagen país frente a los organismos multilaterales que siguen de cerca el cumplimiento de las metas y, en el ámbito político, comenzaban a instalarse versiones sobre una posible interpelación.
El escenario ya estaba delineado y la salida del alto funcionario entró en su fase final. La cercanía de las Reuniones Anuales de Gobernadores del BID operó como un punto de inflexión: Su permanencia se sostuvo hasta entonces y la definición quedó diferida. Para el lunes 16, la decisión ya estaba tomada.
Ese día Fernández llegó a Mburuvicha Róga en vehículo particular, sin escolta, sin agenda y mucho menos sin plan de su afamada “economía de guerra”. La reunión con el mandatario se extendió por 2 horas y las cosas cambiaron, a su salida, negó su intención de renuncia, dijo que no sería coherente y presentar un plan de austeridad. Más tarde, se reunió a la cabeza de la mesa con todos los ministros del Gabinete y sentó su nueva estrategia de ajuste de cinturón.
El Ministerio de Economía planteó medidas de contención del gasto y mejora de la recaudación, en medio de un debate público atravesado por la idea de una “economía de guerra”. Sobre la mesa aparecieron propuestas para ordenar pagos a proveedores y reforzar controles tributarios.
En los días previos a su salida, el ministro todavía defendía los resultados macroeconómicos: Crecimiento del producto interno bruto y reducción de la pobreza como principales indicadores de gestión.
Pero el margen político ya era otro.
Cuatro días después, la Presidencia oficializó –vía decreto– la aceptación de una renuncia que, según el propio Fernández, nunca presentó y que había descartado públicamente.
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Quedó abierta la incógnita sobre si el plan de ajuste fue el último intento por sostener su continuidad o si la decisión ya estaba tomada. Lo cierto es que el Ejecutivo terminó prescindiendo de un aliado cercano, con quien compartió trayectoria en el Banco Central del Paraguay y en el Banco Basa, además de vínculos en el ámbito empresarial.
Quedó, sin embargo, una pregunta sin resolver en la narrativa oficial: Si se trató de una renuncia o de una decisión del Ejecutivo. Más allá de esa definición, el episodio cierra un ciclo dentro del Gabinete y deja abierto otro: Cómo hará el Gobierno para administrar las tensiones entre la disciplina fiscal, la presión del gasto y la dinámica política interna en un escenario económico más estrecho.
