Es decir, se pretende cobrar sin ningún topeo las jubilaciones, inclusive en forma retroactiva. Esto implicaría –en un primer momento– unos 100 millones de dólares que deberán extraerse del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS.
Y como en el marco legal todo puede ser interpretado –o malinterpretado– según las conveniencias, habilidades e influencias políticas de abogados y jueces, también abre la posibilidad de que otros sectores –se habla de alrededor de 7.000 personas– que aportan por un monto mayor a 10 salarios mínimos (más de 26 millones de guaraníes) en este momento, puedan igualmente recurrir a la Justicia para obtener el mismo beneficio. Es decir, el impacto al sistema jubilatorio podría aún ser mayor.
Se trata de un hecho muy grave para el Instituto de Previsión Social y todos los aportantes, asegurados y jubilados.
No solo porque pone en riesgo un recurso tan sensible y vital como son los fondos jubilatorios de la previsional –de los que dependen miles de personas para vivir y hasta sobrevivir–, sino porque deja en evidencia lo vulnerable que es el sistema ante este tipo de pretensiones que nunca acabarán y que –es más– irán en aumento y de manera cada vez más sofisticada y solapada. Cuando hay dinero de por medio, todo vale; hasta la pretensión más absurda puede ganarse la etiqueta de “justicia”.
La resolución de la Corte y el reclamo de los navieros atentan directamente contra la Carta Orgánica del IPS, sin miramientos ni consideraciones, y, sobre todo, desprecia y pisotea un dato fundamental de la identidad y el sentido de ser de la misma previsional: el sistema colectivo-solidario, un mecanismo de capitalización colectiva que apunta a beneficiar de igual manera a todos los trabajadores.
Como lo explicaron los directivos de la previsional, se trata de sostener un fondo solidario a través del cual se financian las prestaciones, jubilaciones, pensiones, subsidios y otros beneficios para los trabajadores; no es un sistema individual.
Romper este sistema sería poner en riesgo la jubilación para las próximas generaciones, así como numerosos beneficios que hoy llegan a personas que solo tienen un salario mínimo como ingreso mensual, y, por tanto, un aporte también reducido al IPS en comparación a otros.
Por otro lado, los actuales directivos de la institución tienen la responsabilidad no solo de detener este proceso, que podría “acelerar unos 10 años el descalabro del fondo de jubilación” –como indican los especialistas– sino también la obligación de investigar a fondo si hubo negligencia o corrupción en el proceso judicial.
¿Es cierto que los abogados y/o directivos de la previsional no siguieron el caso debidamente ni realizaron las acciones pertinentes para evitar esta resolución? Es preciso identificar las responsabilidades políticas, administrativas y penales.
Está claro que el IPS requiere de mejoras urgentes a nivel de servicios, atención y cobertura, así como de administradores y funcionarios honestos. Pero esto no justifica que sea tan vulnerable a pretensiones que violentan su misma Carta Orgánica y dañan sus recursos genuinos.
Más allá de sus limitaciones, IPS es vital para miles de paraguayos; más allá de la jubilación, quizás la única posibilidad de acceder a una sala de Terapia Intensiva, cuyo costo a nivel privado ronda entre 5 y 15 millones por día, entre tantos otros servicios.
Urge retomar el enorme valor de esta institución de gran impacto para tantas familias, pero tan dilapidada y desprestigiada por tantos directivos, funcionarios y políticos de turno.
