En el primer año se esperan algunas señales claras de lo que podría esperarse de un Gobierno. Generalmente, de tipo estructural y moral. Posturas y decisiones que indiquen que los del gobierno de turno son o serán diferentes y no cometerán los mismos errores, ineficiencias, omisiones y tranzas que quienes los precedieron en las mismas funciones que hoy les toca desempeñar como jefe de Estado, como ministros, como administradores de los entes descentralizados. También es cuando se debe notar el liderazgo del mandatario y se configuran las lealtades.
En el caso del presidente Peña, que demuestra un denodado esfuerzo por posicionar al país en la esfera internacional y de traer inversionistas, internamente él no ha logrado disipar la extendida e instalada idea de que aunque legalmente es quien lleva la lapicera, otra persona es quien adopta las decisiones y traza el camino. En el segundo año de gobierno es cuando las expectativas ciudadanas comienzan a inquietarse y se demanda resultados. Señales claras de que se podría “estar mejor”, porque se están creando oportunidades para todos. No solo para los amigos ocasionales del poder ni para los que se aseguraron de mantener sus privilegios porque contribuyeron económicamente en la campaña electoral del actual gobierno.
El presidente alteró abruptamente este decantamiento habitual del ejercicio del poder. Muchísimo antes del natural proceso de desgaste que se da entre el segundo y tercer año de gobierno, instaló, no sabemos si deliberadamente, como elemento distractivo ante otros temas gruesos como la muerte en manos de la policía de un diputado oficialista relacionado con el narcotráfico, y la certificación que la narcopolítica es una realidad en el Paraguay. O acaso lo hizo como efecto de la ingenuidad política que se le atribuye; o es que le urgía apaciguar los ánimos de un internismo que ya encendió motores dentro del movimiento Honor Colorado y que trasciende a los actos de gobierno.
Como se vio en la reacción ante el embajador de los Estados Unidos o las diferencias en el mismo movimiento ante la actuación policial-fiscal que terminó con la muerte del diputado Eulalio Gomes en Pedro Juan Caballero, por citar los hechos más recientes. Antes, fue el fuerte rechazo del convenio con la Unión Europea, destinado al MEC, que colocó al Ejecutivo en una delicada posición ante un acuerdo internacional ratificado y en vigor.
Cualquiera haya sido la motivación, no deja de caer mal e inoportuno el anuncio de que el actual vicepresidente, Pedro Alliana, es a quien preparan desde el oficialismo colorado para pugnar por la Presidencia en las Elecciones Generales del 2028. Con esto, el ejército de adulones y oportunistas de inmediato se ponen en modo campaña y, en adelante, será inevitable asociar cualquier acto de gobierno con la finalidad proselitista y electoral.
Por eso, es tan poco inteligente lo que hizo Peña al precipitar el calendario político en un país que es motivo de estudio por su permanente y desgastante electoralismo.
Y qué privilegio para Alliana que no solo cuenta ya con todo el aparato estatal para posicionar fuertemente su candidatura, más allá de lo que el cargo de vicepresidente le permite, sino con una ventaja de 4 años frente a cualquier contrincante que vaya a surgir, lo que, de por sí, ya es injusto. Por último, que no se queje el Gobierno de que a partir de ahora su credibilidad se vea comprometida.
