El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció ayer que las organizaciones criminales Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) serán consideradas organizaciones terroristas internacionales a partir del 5 de junio.
Flávio Bolsonaro celebró, en sus redes sociales, la decisión. Mientras tanto, Celso Amorim, canciller de facto del Gobierno de Lula, declaró que la medida no puede servir de pretexto para cualquier intervención norteamericana en el Brasil.
Estas reacciones revelan, una vez más, la desconexión entre parte de la élite política y la brutal realidad vivida por la población. Los discursos ideológicos, las disputas electorales y los cálculos diplomáticos ocupan el centro del debate, mientras el ciudadano común convive, diariamente, con el miedo, la violencia y la expansión del crimen organizado.
El hecho fundamental es simple: la sociedad brasileña está exhausta. El crimen organizado ha dejado de ser un problema localizado para convertirse en una estructura de poder. El PCC y el CV controlan territorios, comandan rutas internacionales de drogas, se infiltran en las instituciones y desafían al Estado. En muchos lugares, el poder paralelo ya ejerce funciones que deberían pertenecer exclusivamente al poder público.
La decisión norteamericana puede ser discutida desde ángulos jurídicos y diplomáticos. Sin embargo, ignorar la gravedad de la situación brasileña sería un acto de ceguera deliberada. Hace mucho tiempo el narcotráfico dejó de ser un simple problema policial. Se volvió una amenaza institucional, económica y social.
Brasil observa, impotente, la multiplicación de facciones, el avance del lavado de dinero y la consolidación de un ecosistema criminal que mueve miles de millones. Recientemente, estimaciones apuntaron que más del 50% de la cocaína que entra en Europa pasa por estructuras vinculadas al PCC. No se trata más de criminalidad común. Se trata de una organización transnacional altamente sofisticada.
Por otro lado, la clasificación norteamericana no puede servir como disculpa para discursos demagógicos ni para exploración política rastrera. El problema exige seriedad, legislación especial, inteligencia y acción coordinada.
Basta de ambigüedades, relativizaciones y retórica vacía. La población brasileña quiere seguridad. Quiere orden. Quiere autoridad legítima. El combate al crimen organizado se volvió un imperativo moral y civilizacional. Es un justo clamor de la sociedad.
