Richard Nephew aseguró en conversación con Última Hora que Paraguay es un aliado cercano a Estados Unidos en lo que respecta a la lucha contra la corrupción en la región. El funcionario reiteró que él no puede hacer comentarios sobre investigaciones en curso o futuras causas.
En cuanto al informe de la Comisión Bicameral del Congreso (CBI), en el que se vincula al ex mandatario Horacio Cartes con el narcotráfico y el terrorismo, afirmó que “escuchó sobre el mismo” y que cualquier información del Gobierno de Paraguay será considerada y sopesada con “mucha cautela”.
“Estados Unidos y Paraguay tienen una relación cercana de trabajo sobre temas anticorrupción y escuché sobre este informe. Por supuesto que cualquier información que dé el Gobierno del Paraguay a nuestra Embajada y a nuestro Gobierno va a ser considerada con mucho cuidado y sopesada cuidadosamente”, expresó.
El alto funcionario afirmó que EEUU “apoya la idea de la gobernanza local y que cada Gobierno sea responsable de sus investigaciones y tomas de acciones”.
Le puede interesar: Legisladores son invitados a una reunión con alto funcionario anticorrupción de EEUU
El coordinador anticorrupción de Estados Unidos aseguró que una de sus misiones es aprender de cómo el Paraguay combate contra la corrupción y compartir la información obtenida con Washington e incluso con otros países.
Nephew afirmó que la corrupción es un problema persistente al que se debe enfrentar desde diversas instituciones. Afirmó que este es un mal que causa mucho daño a las poblaciones y que, a su vez, genera una idea de que no se lo puede eliminar, pero esto debe ser erradicado del pensamiento colectivo.
El coordinador anticorrupción global del Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó que su Gobierno seguirá trabajando de cerca con los países de la región cuando considera que existe algún tema de preocupación.
Durante su paso por el Paraguay, el alto funcionario estadounidense se reunirá con representantes del Gobierno, incluyendo a los del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior, como también la Secretaría Nacional Anticorrupción y actores judiciales, además del sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
