Por Rodrigo Houdin - @rodrigohoudin | Puerto Casado - Alto Paraguay
“Ellos no piden nada al Estado, más que la protección de las tierras donde están su parientes y tienen enterrados a sus ancestros. Ahí ellos tienen todo lo que necesitan para vivir”, explica Tagüide Picanerai, docente ayoreo, quien hace de traductor de la comunidad Chaidi, de Puerto Casado.
Chaidi es la comunidad ayoreo totobigosode que en el año 1993 salió del monte tras cientos de años de total aislamiento debido al avance de las maquinarias, la deforestación y la ganadería en el alto Chaco paraguayo. Se sitúa a unos 130 kilómetros de Filadelfia.
El núcleo de las tierras ancestrales donde viven las cinco últimas comunidades silvícolas no contactadas del país (viven de lo que el monte y la naturaleza les da) está comprendido por unas 200.000 hectáreas de Puerto Casado, pero los nativos exigen la protección de unas 500.000 hectáreas consideradas como sagradas.
Los ayoreos viven en pequeños núcleos familiares y se sustentan de la caza y de la agricultura. Uno de sus alimentos preferidos es la tortuga. La comunidad Chaidi utiliza vestimentas y tiene cierto contacto con la sociedad.
Los totobiegosode no contactados no llevan vestimentas y protegen sus comunidades con armas, como la flecha. Según explica Tagüide Picanerai, si una persona blanca o con ropa se acerca a ellos, corre el riesgo de ser asesinada como medida de protección.
LITIGIO. El principal problema es que estas tierras están parceladas en propiedades vendidas a particulares. Uno de los principales litigios se da con la empresa Jaguareté Porã, que según denuncia la comunidad hace trabajos de sustitución de suelo en el lugar, para la ganadería. Unas 40.000 hectáreas son las que están en litigio con esta comunidad.
Los ayoreos pretenden que en pos de la conservación de su cultura, constituida en un patrimonio invalorable, sean tituladas a nombre de la comunidad unas 200.000 hectáreas.
Julio Duarte, abogado de los nativos, dijo que el Estado declaró patrimonio natural y cultural esas tierras, no obstante, el mismo Estado promociona la reserva de Jaguareté Porã a través de la Senatur.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado paraguayo una solución a los problemas de esta comunidad indígena y emitió una medida cautelar sobre las tierras ancestrales el pasado 3 de febrero.
El Gobierno paraguayo debe emitir un informe de las acciones realizadas en pos de salvaguardar los derechos de estas comunidades nativas. Esto debe ser antes del 8 de mayo.
El abogado Julio Duarte afirma que la medida cautelar de la CIDH está ligada a la restitución de las tierras ancestrales de los ayoreos.
La firma, cuya cabeza visible es un brasilero, se ampara en su licencia ambiental y siguen realizando deforestaciones en la zona, avanzando sobre el núcleo donde están los totobiegosode.
COÑONE. Los ayoreos no comprenden cómo es que los coñone -gente que hace cosas sin sentido- pueden buscar el progreso y la subsistencia depredando lo que la naturaleza les da.
“Nosotros matamos tortugas para comer, es uno de nuestros alimentos favoritos. Ellos, cuando destruyen los montes, matan miles de ellas y nos dejan sin nuestro alimento preferido”, reclamó en su idioma uno de los nativos.
Los ayoreos explican que los sitios depredados son de importante valor para sus comunidades ya que ahí están enterrados sus ancestros.
TIERRAS SON PRIIVADAS. Rolando de Barros Barrios, ministro de la Secretaría del Ambiente, dijo que el Estado está comprometido con dar una respuesta integral a los ayoreo.
Respecto a la posibilidad de proteger las tierras ancestrales, el ministro señaló que estas 500.000 hectáreas, que son un bien cultural, están en un 99% en propiedad privada y el Estado no puede comprarlas.
“Estamos tomando medidas de protección. En los últimos 15 años hubo una alteración mínima del 15%, según mapas satelitales”, dijo.
Aldo Saldivar, titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), dijo que se están tomando las medidas para proteger el territorio con propuestas presentadas por los nativos. Aseveró que el Gobierno brindará asistencia social a los nativos, como víveres, asistencia económica y de Salud.
“Lo primordial es la protección de la vida, con una protección integral de las personas y familias de estas comunidades Chaidi e Arocojnadi, de esta zona, así como como las parcialidades no contactadas”, dijo.
SOLO QUIEREN SUS TIERRAS. Julio Duarte, abogado, y Tagüide Picanerai, representante de los nativos, señalan que la asistencia social que el Gobierno les ofrece, tras el fallo de la CIDH, es agradecida por los ayoreos, sin embargo, ellos solo piden la restitución de sus tierras.
El pasado lunes, una comitiva de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales llegó hasta la comunidad Chaidi.
La comitiva estuvo integrada además por el vicepresidente de la República, Juan Afara; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta; el ministro del Interior, Francisco de Vargas; el titular del INDI, Aldo Saldívar; el ministro de la Secretaría del Ambiente, Rolando de Barros Barrios; el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, entre otros.
Los mismos fueron hasta la comunidad, luego del petitorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a presentar las propuestas del Estado para proteger a estas comunidades.
El Gobierno se comprometió con brindar una asistencia integral, pero no se llevó ninguna solución respecto al principal reclamo de la comunidad, que es la titulación de sus tierras ancestrales y la protección de las mismas.
